DEJADEZ EN DEMANDA ARBITRAL DE ODEBRECHT CONTRA EL PERÚ.

Descuidan defensa de gasoducto en el Ciadi

Katherine Ampuero y Gustavo Adrianzén advierten conducta negligente del Ejecutivo en activar la cláusula anticorrupción en caso del gas.

Descuidan defensa de gasoducto en el Ciadi
  • Fecha Lunes 16 de Septiembre del 2019
  • Fecha 12:13 am

Por: José M. Carmen Morán.

La revelación realizada por el coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela, respecto a la inacción del Poder Ejecutivo para solicitar información respecto a las irregularidades y los presuntos delitos cometidos por Odebrecht en el Gasoducto del Sur, demostrarían un desinterés por parte del Gobierno para defender los intereses del Estado, así como una actitud negligente que solo generaría pérdidas económicas al país.

Así lo advirtieron a EXPRESO la exprocuradora Katherine Ampuero, y el exministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.

Como se recuerda, el consorcio que ganó la licitación para realizar el proyecto del Gasoducto del Sur estuvo conformado por la empresa brasileña Odebrecht, la compañía española Enagás y la nacional Graña y Montero. Sin embargo, al revelarse los hechos de corrupción cometidos por la transnacional carioca, el Estado optó por retirar la licitación a este consorcio.

Esto generó una demanda de parte de Enagás contra el Estado peruano, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), y en agosto de este año, se dio a conocer, de acuerdo al medio español “Expansión”, que la compañía europea elevó a US$1,980 millones la demanda que mantiene ante Ciadi.

No obstante, cabe precisar que en el contrato establecido con este consorcio, durante el gobierno de Ollanta Humala, se estableció una cláusula anticorrupción, que era la cláusula 20.1, literal c.6 del contrato, la cual le permite al Estado declarar la resolución del contrato por “la falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías efectuadas por el concesionario o por el operador calificado, según corresponda, conforme a lo establecido en el contrato, en el concurso, o durante la ejecución del contrato”.

Sin embargo, y a pesar de que el fiscal Vela ha revelado en más de una oportunidad que Odebrecht ya ha reconocido su culpabilidad en el Gasoducto, el Gobierno de Martín Vizcarra todavía no ha solicitado ninguna información respecto a esta situación, para poder tener más argumentos de defensa ante el Ciadi, así como resolver el contrato con el consorcio.

LAS REVELACIONES DE VELA

“Hay un acta en la que expresamente Odebrecht se declara culpable (en el gasoducto). Lo que quiere decir que es culpable de los cargos que le imputa el Ministerio Público”, dijo Rafael Vela en el mes de agosto, para un medio televisivo local.

Sin embargo, lo más resaltante y polémico ocurrió esta semana, cuando durante una entrevista a una radio local, el fiscal fue consultado con esta pregunta: “¿Por qué no se ha aplicado [la cláusula anticorrupción]? ¿Por qué Odebrecht no les regala un gol y saca un acta diciendo: ‘Por el tema del gasoducto no vamos a ir a arbitraje’?”.

Ante este cuestionamiento, Vela señaló que “nosotros, dentro del acuerdo de colaboración eficaz (…) hemos homologado dentro de la sentencia premial, que cualquier información que provenga del acuerdo de colaboración eficaz es pasible de ser utilizado contra la empresa o contra todos los consorciados, en cualquier litigación nacional o internacional, relacionada con el tema. Nosotros no somos abogados del Estado peruano, porque somos fiscales que investigamos la comisión de delitos en el Perú”.

Frente a esta situación, se generaron diversas preguntas sobre si teniendo esta posibilidad de usar esta información, el Estado había optado por pedirle al Ministerio Público, específicamente al equipo especial Lava Jato, si se había solicitado información, no obstante, el magistrado enfatizó que ni el Ministerio de Justicia, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni nadie del Poder Ejecutivo, había solicitado información.
“No nos han pedido nada [desde el Ejecutivo]”, dijo.

DESINTERÉS DEL GOBIERNO

Para la exprocuradora Katherine Ampuero, esta situación, en la que el Poder Ejecutivo no ha solicitado nada de información, demostraría un desinterés de parte del Gobierno para garantizar la defensa de los intereses del Estado.

“Pareciera que al Ejecutivo no le interesa que en un momento determinado, eventualmente podamos perder esta demanda arbitral onerosa a favor de Enagás. Esta información de que Odebrecht ha aceptado pagos ilícitos en esta obra, es una información que la ha hecho pública el fiscal Rafael Vela desde julio de este año, y ahora vemos cuánto tiempo ha pasado, y no están utilizando esta información para el tema del arbitraje internacional en el tema del Ciadi”, dijo a EXPRESO.

Además, Ampuero apuntó directamente contra el procurador Jorge Ramírez, de quien dijo tendría la responsabilidad de solicitar esta información para ponerla a disposición del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien es el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

“Nos sorprende que el procurador, como parte del Ejecutivo, no haya solicitado la información pertinente para trasladarla al ministro de Justicia, quien es el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, para que puedan utilizar esta información en esta demanda arbitral, y puedan activar la cláusula anticorrupción”, expresó.

“El procurador Jorge Ramírez tendría la obligación, porque defiende los intereses del Estado, aunque en la práctica no se vea. Tiene la obligación de cautelar los intereses del Estado, pedir esta información y trasladarla a su jefe inmediato, que es el ministro de Justicia, para que transmita esa información al ministro de Energía y Minas, para que activen esa cláusula anticorrupción”, añadió.

Asimismo, según Ampuero, no se puede desechar la hipótesis de que el aparente desinterés del Ejecutivo sería en realidad una maniobra intencional, para tratar de proteger a personas del Gobierno que estarían involucradas en este tipo de hechos irregulares.

“Aquí lo que estamos viendo es que hay temas de corrupción, hay intereses de las distintas bancadas, y el Ejecutivo no está al margen de estos hechos de corrupción, que vinculan al caso Lava Jato. Ya hemos visto que su premier [César Villanueva], quien lideraba conjuntamente con el presidente Vizcarra esta lucha contra la corrupción, también ha resultado beneficiado, de acuerdo a lo que han señalado los funcionarios de Odebrecht, con el pago de coimas, y no se descarta que otras personas del Ejecutivo también se haya visto beneficiadas en un momento determinado, con dinero mal habido de esta empresa corrupta”, advirtió.

NEGLIGENCIA COSTOSA

El exministro de Justicia Gustavo Adrianzén también se mostró sorprendido de que nadie del Ministerio de Justicia (Minjus) ni de Energía y Minas haya solicitado esta información, lo cual podría ser considerado una negligencia grave de parte del Ejecutivo, esto debido a que si procede la demanda de Enagás contra el Estado, se tendría que pagar una cuantiosa suma de dinero.

“Lo único que queda en evidencia es que hay una conducta negligente de los responsables en el Poder Ejecutivo. Estas declaraciones del fiscal Rafael Vela [sobre el reconocimiento de ilícitos de parte de Odebrecht] son públicas, y lamentablemente ha tenido que salir a decir esto en público cuando de esto ya se tenía conocimiento hace varias semanas atrás (…). Esto demostraría que la denuncia tiene un origen ilícito, y podría tener un resultado positivo en el proceso a favor del Estado”, señaló.

Adrianzén emplazó tanto al titular del Minjus como del MEM a establecer una estrategia y trabajo coordinado con el equipo especial Lava Jato, para poder tramitar esta información y así lograr que el Ejecutivo tenga una mejor defensa ante las instancias internacionales, y lamentó que haya sido el mismo fiscal Vela quien haya tenido que hacer esta denuncia.

“El ministro de Justicia es quien mantiene relaciones con todos los demás órganos integrantes del sistema de administración de justicia. Le corresponde al ministro Vicente Zeballos coordinar con el Ministerio Público, y con el equipo especial Lava Jato los requerimientos formales de esa información. Llama la atención que no lo haya hecho, y tenga que salir el propio fiscal Rafael Vela, a señalar que está esperando el pedido (…). Las autoridades del Estado peruano, responsables de la conducción del proceso arbitral que se ha iniciado contra el Perú en sede internacional, deben coordinar internamente”, aseveró.

El jurista explicó que uno de los motivos por los que el Gobierno de Martín Vizcarra no estaría tomando las acciones necesarias para actuar sobre este tema es que desde el Ejecutivo solo están enfocados en proponer el adelanto de elecciones.

“Lamentablemente [el Gobierno] tiene una obsesión con ese tema. El Perú no es solamente la petición del adelanto de elecciones del Presidente; el Perú tiene otros temas de gestión realmente importantes ¿Acaso están esperando que perdamos ese arbitraje? Teniendo, sobre todo, evidencia clara, y la propia declaración de la empresa, que en la obra del Gasoducto del Sur hubo actos de corrupción. Eso no se puede permitir, hay que llamar la atención, frente al requerimiento público que ha hecho Rafael Vela, de ofrecer esa información para que el Estado la traslade al proceso arbitral”, sostuvo.

NULIDAD DEL ACUERDO

Cabe precisar que durante sus declaraciones en la mencionada radio, Rafael Vela también se pronunció sobre el consolidado de planillas que entregó Odebrecht al Ministerio Público, en el cual se encontrarán datos más precisos y la ruta del dinero de lo que podrían ser pagos de sobornos, y aseguró que de producirse una situación en la que se descubran nuevos datos o información que esté fuera de este consolidado, se podría anular el acuerdo de colaboración eficaz.

“Lo que se ha adjuntado es una planilla de programaciones, lo que se necesita es complementar que cada una de esas programaciones tenga el respaldo de las operaciones bancarias y financieras, que permitan establecer la ruta del dinero”, dijo en su momento Vela.

“Parte de que hayamos recibido este consolidado, es porque hemos marcado una línea definitiva con la empresa, respecto a esa situación. [Si se revela nueva información fuera del consolidado, se podría ir por la] Revocabilidad del acuerdo de colaboración eficaz, que está en la ley”, agregó.

Sobre este punto, Ampuero enfatizó que siempre existe la posibilidad de anular un acuerdo, sin embargo, en este caso, es necesario conocer qué requisitos le ha impuesto la Fiscalía a Odebrecht para poder llegar a esa anulación.

“La posibilidad de anular un acuerdo siempre está latente, ahora lo importante es saber qué obligaciones ha impuesto la Fiscalía a la empresa corrupta Odebrecht, como para determinar si ellos han cumplido determinadas obligaciones impuestas, que pueden justificar jurídicamente que el acuerdo se anule. Es decir, por un tema de transparencia, tendríamos que saber cuáles son las obligaciones que ha asumido la empresa ante los fiscales, como para que la ciudadanía lleve un control”, aseguró.

Mientras que Adrianzén dice que la posición adoptada por Vela responde a una medida de prevención del fiscal, para evitar que Odebrecht continúe brindando información solo selectiva.

“Las voces que en su momento dijeron que Odebrecht estaba realizando una maniobra de brindar información con cuentagotas y selectiva, ya está siendo percibida por Rafael Vela y el equipo especial; ya se dieron cuenta de que Odebrecht estuvo manipulando el acuerdo a su favor. No me quiero ir de boca, pero creo que ya están percibiendo que les están tomando el pelo, por eso Vela dice que esta última entrega [el consolidado] debe ser veraz. Si saliera otra información fuera de esto, quedaría absolutamente evidenciado que no hay colaboración de Odebrecht con el Estado peruano. No me extraña que ante esa posibilidad, Vela plantee evaluar la validez del acuerdo”, concluyó.

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