Dina Boluarte asegura que ni un sol del Estado irá a parar al bolsillo del terrorista Víctor Polay

Cabecilla demandó al Perú, argumentando que se violaron sus garantías judiciales y que se cometieron actos de tortura contra él.


La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que ni un sol del Estado peruano irá a parar al bolsillo del terrorista Víctor Polay Campos, en respuesta al petitorio admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Boluarte expresó su “indignación y rechazo” ante la solicitud de Polay; desde Santa Rosa de Alto Yanajanca, un lugar que alguna vez fue bastión del narcoterrorismo en el país.

En su declaración, reafirmó el compromiso del Gobierno para no destinar fondos estatales en beneficio de terroristas y destacó que el dinero público será para la salud, educación y seguridad de todos los peruanos.

En el mensaje de Boluarte, publicado en la red social X (antes Twitter), se acuñó el hashtag #TerrorismoNuncaMás, garantizando la posición del Estado peruano contra este flagelo.

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Como es público, la condena por terrorismo de Víctor Polay Campos fue objeto de atención internacional, ya que la CIDH declaró admisible la denuncia presentada por el propio Polay contra el Estado peruano.

En su denuncia, el terrorista argumenta que se violaron sus garantías judiciales y que se cometieron actos de tortura durante su detención. Además, señala que su encierro en penales vulneró su derecho a la libertad religiosa y a la educación, entre otros aspectos.

Tuit de Presidencia

Origen de reacción de Boluarte y Estado

La exministra de Justicia y exprocuradora del Estado, Delia Muñoz, reveló la decisión de la CIDH al ingresar a revisar la página de informes declarados admisibles.

Muñoz resaltó que la CIDH emitió un informe de admisibilidad el año pasado, considerando fundada la denuncia presentada a nombre de Víctor Polay Campos.

Esta denuncia abarca una serie de peticiones relacionadas con eventos que se remontan a su captura en los años 1992 y 1993, así como los juzgamientos que tuvieron lugar en 2005 y 2006, junto con otros habeas corpus que llegaron a instancias internacionales.

Además de la denuncia ante la CIDH, se presentó una queja con los mismos hechos ante el Comité de Derechos Humanos.

Delia Muñoz advirtió sobre la delicadeza del tema, ya que se busca modificar la jurisprudencia existente en Perú en relación con los juzgamientos por terrorismo.

En este contexto, enfatizó la urgencia de que el Ministerio de Justicia refuerce la defensa del Estado en esta instancia internacional.

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