Dina Boluarte: Contraloría advierte irregularidades en contrataciones de sus familiares

Sobrina y hermano de la vicepresidenta contrataron con el Estado cuando estaban impedidos por ley.


El futuro de la vicepresidenta Dina Boluarte se ve cada vez más sombrío. Esta vez, la Contraloría de la República advierte sobre presuntas irregularidades en las contrataciones en el Ministerio de Educación (Minedu) del hermano y la sobrina de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra.

En un informe con fecha 9 de septiembre del 2022, el ente fiscalizador señala a Nicanor Boluarte Zegarra y Yorka Gamarra Boluarte, quienes no habrían cumplido con presentar los documentos que acrediten su experiencia para laborar en la Oficina de Diálogo de dicha cartera en el año 2021.

La Contraloría General de la República trasladó esta información al ministro Rosendo Serna para que implemente acciones y las comunique en un plazo de 20 días hábiles.

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Sobrina y hermano

El documento señala que Yorka Gamarra, sobrina de la vicepresidenta obtuvo seis órdenes de servicios en el Minedu, entre febrero y noviembre de 2021, por un valor total de 85 mil soles. Cuatro de ellos (entre julio y noviembre) fueron durante las gestiones de los ministros Juan Cadillo y Carlos Gallardo.

Según el informe, Gamarra tuvo que presentar diversos documentos y una declaración jurada de grado de vínculo o parentesco. Gamarra no cumplió con tal solicitud.

Respecto a Nicanor Boluarte Zegarra, la Contraloría indica que la Oficina de Diálogo solicitó su contratación en dos oportunidades. El hermano de la vicepresidenta tampoco cumplió con sustentar la experiencia que especificó en su hoja de vida.

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El perfil exigía contar con cuatro años de experiencia en prevención o gestión de conflictos, sin embargo, Nicanor Boluarte Zegarra, nunca acreditó cumplir con dicho requisito.

Como se recuerda, existen una denuncia constitucional contra Dina Boluarte en la Comisión de Acusaciones Constitucionales que, de aprobarse en el Pleno del Congreso, podría inhabilitarla por diez años de la función pública.

Previamente, Dina Boluarte dijo está esperando la instalación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso para responder sobre los cuestionamientos.

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