Dina Boluarte: ministros de Educación y de Cultura defienden a la presidenta ante informe de Amnistía Internacional
Morgan Quero argumentó que la institucionalidad se recuperó tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.
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Los ministros de Educación y Cultura desestimaron el reciente informe de Amnistía Internacional (AI) que vincula a la presidenta Dina Boluarte con posibles responsabilidades penales por las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Morgan Quero, titular del Ministerio de Educación, calificó el informe de "sesgado" y carente de relevancia para entender los hechos ocurridos en el Perú.
"Nosotros hemos revisado ese documento, pero consideramos que está sesgado y no tiene ninguna relevancia para fines de comprender lo sucedido en Perú", declaró Quero.. Añadió que la institucionalidad se recuperó tras la comisión del delito de rebelión de Pedro Castillo, gracias al proceso de vacancia del Congreso y la asunción de Dina Boluarte.
Por su parte, la titular de Cultura, Leslie Urteaga, coincidió con Quero y con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al señalar que el informe de Amnistía Internacional estaba "sesgado". Urteaga subrayó que "nosotros solo vemos las respuestas a las autoridades soberanas de nuestro país. La opinión del Ejecutivo es la misma del premier: es una opinión sesgada".
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Urteaga también se refirió a la denuncia constitucional contra Boluarte, archivada por el Parlamento, indicando que se trató de una "evaluación objetiva".
Por otro lado, en relación con una posible candidatura de Alberto Fujimori, ambos ministros evitaron emitir opiniones específicas, afirmando que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones evaluar esa posibilidad.
Vale indicar que la Amnistía Internacional, en su informe titulado "¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú", afirmó que la presidenta Boluarte podría tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes, a pesar de que ella negó ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes militares y policiales durante las protestas.
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