Dina Boluarte podría ser inhabilitada por abandono de cargo: “Se puede hablar de responsabilidad penal”, señala abogado Luis Lamas Puccio
Luis Pacheco Mandujano afirma que investigación de Fiscalía se usa políticamente, mientras Andy Carrión advierte que caso prescribiría.
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Existen los elementos suficientes para presumir que la presidenta Dina Boluarte cometió los delitos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo, tras someterse a una cirugía de nariz en 2023, advirtió el abogado penalista Luis Lamas Puccio.
“Acá estamos hablando de una labor funcional, que es la más importante de un país: ejercer el cargo presidencial, y cuando se ejerce una función de este nivel, se hace durante las 24 horas del día. Si en ese entorno no se ha cumplido con las formalidades, además de que se habría escondido esta información, yo creo que están dadas las condiciones mínimas para poder hablar de una responsabilidad penal funcional”, señaló.
Sostuvo que “una indagación es un aporte más en el punto de vista de los requerimientos para poder inhabilitar a la señora Boluarte en el ejercicio presidencial”.
Para el especialista en derecho penal Luis Pacheco Mandujano esta investigación será archivada debido a que la figura de abandono del cargo presidencial no existe en materia jurídica, sino en el fuero político.
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“Es un hecho de bagatela tan absurdo que su destino es el archivo. Se utiliza políticamente con el disfraz de la investigación judicial; si se aplica en derecho, su destino es el archivamiento”, dijo a EXPRESO.
Por su parte, el penalista Andy Carrión no descartó que esta carpeta fiscal prescriba dentro de 4 años. Dijo que los procedimientos para que esta investigación prospere o no son largos, ya que este expediente tiene que pasar por varias instancias. “De acuerdo con los ámbitos de prescripción, esto podría prescribir a los tres o cuatro años”, estimó.
SAC tiene 15 días
De otro lado, la Comisión Permanente del Congreso dio un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que investigue y presente informes finales respecto a dos denuncias contra Boluarte: una por las muertes durante las protestas violentas y otra por el caso de los relojes Rolex.
En la primera, se le acusa por la muerte de más de 70 peruanos durante las protestas de diciembre de 2022 y marzo de 2023. En este caso se busca responsabilizar a la jefa de Estado por el presunto delito de homicidio calificado.
La otra acusación es por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio. La Fiscalía atribuyó a la presidenta recibir de forma irregular donaciones por parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, como relojes y pulseras de lujo, a cambio de transferencias de recursos a esa región.
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