Dina Boluarte se aferra a la presidencia con uñas y dientes: «Vamos a seguir trabajando hasta el 28 de julio del año 2026»

La jefa de Estado ignora el vendaval de problemas en el que está inmersa.

La presidenta Dina Boluarte se pronunció acerca de su posible renuncia tras las últimas denuncias recibidas entorno a su hermano Nicanor Boluarte, los Rolex, Harvey Colchado, Diviac y otras. Ante ello, señaló que no dejará el cargo pese a la intención de algunos parlamentarios que vienen recolectando firmas para una moción de vacancia en su contra.

Son semanas pesadas, dolorosas e incluso, que ameritan no dormir para entender el rompecabezas en el que Boluarte está metida. Pese a la docena de dificultades por las que vienen pasando, y en un intento de mostrarse firme, la mandataria se dirigió a la actual coyuntura.
Durante un evento oficial en la provincia constitucional del Callao, habló remarcando su continuidad en el cargo.

“A mis hermanas y hermanos de Oquendo, a todos los hermanos de la provincia constitucional del Callao, les decimos aquí estamos y nadie nos va a distraer para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro querido Perú. Vamos a seguir trabajando hasta el año 2026 porque así el pueblo eligió una fórmula presidencial y, conforme a la Constitución, la vamos a respetar. Basta de caminar contra el pueblo peruano, orquestando situaciones que no conviene al desarrollo del país”, acotó.

Otro pedido de vacancia contra Dina Boluarte

La bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú planteó una moción de vacancia presidencial contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, y ya está a disposición de otras agrupaciones para recolectar las firmas necesarias para su formalización, según la legisladora Ruth Luque.

La moción, que requiere la rúbrica de 26 congresistas para ser presentada oficialmente, se basa en dos causales principales: la falta de notificación sobre su ausencia por intervenciones estéticas y la obstrucción a la justicia en relación con el caso de su hermano, Nicanor Boluarte.

Nicanor fue detenido bajo la acusación de liderar la presunta organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra‘. Según la investigación, a través del abogado Mateo Castañeda, la presidenta habría intentado negociar el ascenso de policías de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) a cambio de que intercedieran en el archivo de la indagación contra su familiar.

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