Dina Boluarte y Alberto Otárola son denunciados por genocidio ante la CIDH

Margot Palacios presentó la acusación por la muerte de más de 20 personas durante las protestas contra el Gobierno.

La presidenta Dina Boluarte y al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fueron denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por genocidio. La querella fue por interpuesta tras la confirmación del número de fallecidos producto de las violentas manifestaciones a favor del golpista.

La congresista Margot Palacios, de la bancada de Perú Libre, fue quien dirigió el oficio en el que también se acusa a Pedro Angulo, extitular de la PCM, y César Cervantes, exministro del Interior.

En el documento también se le atribuye responsabilidad a Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, y Jesús Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho.

La legisladora expone, en el informe, que en el Perú existe «un contexto de violación de derechos humanos» estipulado en el artículo 109 del Código Procesal Penal (CPP).

«Los peruanos tenemos que recurrir a la justicia internacional toda vez que los hechos descritos de violaciones flagrantes de derechos humanos con suspensión de la vida de las víctimas, que hacían uso de su derecho político a manifestarse sobre una coyuntura política, ha sido avalado en una reunión de la junta realizada en Palacio de Gobierno», señala.

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En esa línea, Palacios expresa que el titular de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, se habrían alineado con las políticas establecidas por el Ejecutivo.

Asimismo, indica que la Fiscalía «no ha accionado», hasta donde se sabe, una medida ante la comisión de los hechos delictivos que presuntamente Boluarte y compañía habrían realizado durante las protestas a favor de Castillo.

«Queda graficada la concertación entre la señora Dina Boluarte y los representantes del sistema de administración de justicia nacional, lo que impide la imparcialidad en el juzgamiento de los hechos denunciados», detalla.

De esta manera, finaliza aseverando que, a dicha reunión de Consejo de Estado también acudieron el presidente del Congreso, José Williams, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con lo que tomaría así «un carácter deliberante que la Constitución Política no reconoce».

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