Dina Boluarte y Alejandro Soto envían contundente carta a Corte IDH: “Perú tiene sus propios mecanismos internos”
Referente a la prescripción de delitos de lesa humanidad.
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El primer ministro Gustavo Adrianzén anunció que la presidenta Dina Boluarte, y el titular del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta de respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), expresando su “profundo rechazo” hacia la resolución emitida por este organismo.
“No tenemos ninguna razón, de momento, para excluirnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que quiero mencionar es que la presidenta de la República y el titular del Parlamento han enviado una carta de respuesta a la resolución que ha emitido a la CIDH y en esa carta de respuesta firmada por los dos titulares de los poderes de estado electos han hecho saber a la CIDH el profundo rechazo que les ha merecido esta resolución”, destacó el premier.
Como se recuerda, la Corte IDH emitió una resolución el 13 de junio, solicitando al Estado peruano que suspenda “inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley” que regula la prescripción de los crímenes de lesa humanidad anteriores al año 2002.
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Esta medida se dio en respuesta a una solicitud de recursos provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia presentada por los familiares de víctimas involucradas en los casos conocidos como Barrios Altos y la Cantuta, hechos suscitados durante el gobierno de Alberto Fujimori, durante la guerra contra el terrorismo.
En la resolución, el organismo internacional argumentó que el proyecto de ley propuesto “genera un serio y grave impacto de naturaleza irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos”, debido a que establece disposiciones que podrían afectar la persecución penal de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La carta enviada por Boluarte y Soto enfatiza que el Perú cuenta con “sus propios mecanismos internos” para el control de las leyes, haciendo referencia al control difuso ejercido por el Poder Judicial y al orden concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional.
“Deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos”, concluye la misiva.
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