Eduardo Arana, tiular del Minjus, aclara que Ejecutivo no interviene en ley de lesa humanidad: “Está destinada a ser aplicada por jueces y fiscales”
Tras la aprobación del Congreso, la norma en vigencia “ya es un hecho consumado”, aseguró.
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El ministro de Justicia, Eduardo Arana, dejó claro en una reciente conferencia de prensa que la responsabilidad de aplicar la nueva Ley 32107 sobre crímenes de lesa humanidad recae exclusivamente en jueces y fiscales, no en el Ejecutivo.
En ese sentido, Arana se desmarcó de la reciente legislación, destacando que el Gobierno no tiene injerencia en su implementación, pues “ya es un hecho consumado”.
“Ya es un hecho consumado, la ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma, no es una norma en la que el Ejecutivo tenga que aplicarla. Corresponderá a los jueces y fiscales disponer, desde su perspectiva, si aplica control difuso, control de convencionalidad o una acción que el Tribunal tenga que resolver”, enfatizó.
Cabe resaltar que la norma promulgada por el Congreso establece que los crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2002 no pueden ser procesados ni sancionados.
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La ley entró en vigor tras el vencimiento del plazo de observación por parte del Ejecutivo. Ante ello, aclaró que la legislación surgió como una orden del Parlamento y no como una iniciativa del Gobierno.
El titular del Minjus también destacó la necesidad de respetar las opiniones y preocupaciones de organismos nacionales e internacionales sobre la regla en mención.
“Respetamos profundamente las posiciones que, institucionalmente las entidades, como la Conferencia Episcopal (Peruana) o el Ministerio Público, puedan tener respecto al contenido, vigencia y alcance de la ley. Y siendo respetuosos, también consideramos que los mecanismos constitucionales (de los) que se puedan disponer en contra de esta ley, ya corresponde a ellos hacerlo”, subrayó.
Eduardo Arana reiteró que la posición del Gobierno bajo la presidencia de Dina Boluarte es cumplir con las normas promulgadas por el Congreso. Sin embargo, insistió en que la implementación de la ley de lesa humanidad está fuera del ámbito del Ejecutivo.
“La posición del gobierno es del cumplimiento de las normas que el Congreso expide. No existe otra disposición al momento que no corresponda a ser aplicada. Pero esta norma, está efectivamente destinada a ser aplicada por los jueces y fiscales”, concluyó.
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