Eduardo Salhuana anuncia evaluación de la ley de organización criminal en reunión clave con especialistas en seguridad ciudadana
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que la ley que modifica la definición de organización criminal será evaluada en una reunión programada para este viernes 13 de septiembre, con el objetivo de mejorar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
“Este viernes, a las 9 a.m. en la Sala Grau, nos reuniremos con instituciones y especialistas en seguridad ciudadana“, declaró Salhuana, resaltando que el Congreso está dispuesto a escuchar y, si es necesario, rectificar sus decisiones.
La mencionada ley, que introduce cambios en los allanamientos al exigir la presencia del involucrado y su abogado, causó críticas por parte de especialistas que consideran que dificulta la lucha contra el crimen organizado.
Según Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, el dictamen “absolutamente” complica el trabajo de la Fiscalía y la Policía en casos relacionados con organizaciones criminales.
En ese marco, Eduardo Salhuana respondió a las preguntas de la prensa sobre una posible derogación de la ley, afirmando: “Es una posibilidad. Vamos a evaluar la norma y para ello hemos invitado al Ministerio Público, el Poder Judicial, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, y otros especialistas, además de oficiales en actividad involucrados en la lucha contra la delincuencia”.
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Asimismo, reiteró que la mesa de trabajo buscará aprobar un paquete de leyes que combata de manera efectiva la inseguridad. “Queremos aprobar normas que realmente luchen contra la delincuencia común”, enfatizó.
Vale precisar que la ley en cuestión fue cuestionada también por afectar el operativo policial ‘Tormenta 2024’, en el Callao, donde un allanamiento no se concretó debido a la demora en la llegada de los abogados de los implicados.
Es importante señalar que el cambio en la normativa fue impulsado por el congresista Américo Gonza, quien se basa en un proyecto presentado por Waldemar Cerrón.
El proyecto eleva los requisitos para calificar como organización criminal, lo que, según expertos, pone obstáculos en la lucha contra bandas criminales que operan en el Perú.
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