Ejecutivo cuestiona ley de cine aprobada por Congreso y lo devuelve para su revisión
Según las modificaciones propuestas a la ley de cine no convencen al gobierno de Dina Boluarte.
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El Ejecutivo remitió al presidente del Congreso, Alejandro Soto, un oficio señalando sus observaciones a la autógrafa de la ley que modifica el régimen de incentivos establecidos para promover la actividad cinematográfica en el país.
Este documento, firmado por la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, llegó al Parlamento este 22 de julio.
En el documento, el Ejecutivo expresó su preocupación por el impacto potencial de los beneficios tributarios en la recaudación y sostenibilidad fiscal.
Subrayó la necesidad urgente de incrementar los ingresos tributarios para atender la demanda de servicios sociales e infraestructura, destacando que los gastos tributarios en 2022 representaron el 2.0% del PIB.
En esa línea, se enfatizó la importancia de evaluar exhaustivamente los costos fiscales de nuevos beneficios para no comprometer la sostenibilidad fiscal.
Además, refirió al Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027, que sugiere limitar la creación de nuevos beneficios tributarios y revisar los existentes.
El informe subrayó que estos beneficios no siempre garantizan eficacia inmediata y pueden distorsionar la asignación de recursos, contraviniendo principios de tributación óptima como eficiencia, equidad y simplicidad, y favoreciendo a contribuyentes con mayor capacidad económica, lo cual incrementa la informalidad y evasión fiscal.
En ese marco, uno de los puntos de controversia señalados por la ministra de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña, es el límite de financiamiento propuesto, que en su opinión, no toma en cuenta la naturaleza escalonada de la producción cinematográfica. "Las películas y producciones no se presentan completas desde el inicio; se desarrollan por etapas y requieren financiamiento adicional a lo largo del proceso. Imponer topes podría ralentizar significativamente la producción," añadió Sánchez.
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También, la ministra destacó que la ley también restringe el financiamiento internacional, limitando las coproducciones y afectando la capacidad de las producciones para acceder a fondos extranjeros. “El hecho de que se restrinja a menos del 50% el financiamiento internacional limita la posibilidad de que muchas producciones salgan adelante,” afirmó.
Respecto al Ministerio de Economía y Finanzas también planteó preocupaciones sobre la ley, particularmente en relación con los posibles impactos fiscales de los incentivos tributarios propuestos. La ministra indicó que la ley debe incluir una evaluación exhaustiva de cómo estos incentivos podrían afectar el presupuesto nacional.
Apoyo existente a la cinematografía
El Ejecutivo también destacó que ya existen estímulos económicos proporcionados por el Ministerio de Cultura para fomentar la actividad cinematográfica y audiovisual. Desde 2011 hasta 2023, se otorgaron S/ 182.5 millones a 1,741 proyectos a través de fondos concursables y no concursables.
Deducción de gastos por donaciones
La Ley del Impuesto a la Renta permite la deducción de gastos por donaciones a entidades sin fines de lucro con fines culturales, incluyendo actividades cinematográficas y audiovisuales, hasta un límite del 10% de la renta neta de tercera categoría.
Ley de Cine
Como es público, el pasado 11 de junio, el pleno del Legislativo aprobó el dictamen con 85 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones. La norma plantea topes al financiamiento de producciones audiovisuales y establece parámetros de contenido para el otorgamiento de los incentivos económicos.
La iniciativa reúne las perspectivas de seis parlamentarios: Adriana Tudela (Avanza País), Patricia Juárez y Juan Lizarzaburu (Fuerza Popular), Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), Carlos Anderson (no agrupado), Luis Aragón (Acción Popular) y Guido Bellido (Perú Libre).
Tudela comentó que la ley facilitará las producciones cinematográficas al crear incentivos tributarios que permitirán a las empresas privadas financiar proyectos, opción antes restringida a organizaciones sin fines de lucro con fines culturales.
"Esta ampliación del marco legal abre la puerta a una mayor inversión del sector privado en el cine", afirmó Tudela.
Uno de los aspectos más criticados fue la supuesta eliminación del cine regional. Sin embargo, Tudela resalta que la ley mejora la posición del cine regional, destinando al menos un 40% del presupuesto de estímulos a producciones regionales y asegurando que las primeras obras de directores regionales no tengan límite de subsidio.
Además, la ley incluye una cláusula que impide el financiamiento de proyectos que favorezcan a partidos políticos o que atenten contra principios constitucionales, asegurando un uso responsable de los fondos públicos.
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