Ejecutivo persiste en ‘estrategia de silencio’ sobre denuncias contra ministro Gentille
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Casi una semana después de revelada una denuncia grave de corrupción contra el ministro del Interior, César Gentille, el Ejecutivo ha optado por conservar silencio, acaso como estrategia para disipar el escándalo y que este quede en el olvido.

Gentille afronta una indagación en el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en irregular contratación con la empresa vehicular Iza Motors, del hoy investigado Antonio Camayo, cuando fue jefe de la VII Región Policial Lima. Junto a él son también investigados el exministro Gastón Rodríguez y el general en retiro Salvador Iglesias.

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El caso tiene que ver con irregularidades en la suscripción de contratos con Iza Motors, pues esta habría resultado favorecida con generosos ingresos. Tanto Gentille, como Rodríguez e Iglesias, cuando fueron jefes de la VII Región Policial Lima, podrían terminar pronto rindiendo cuentas ante la Justicia por 14 contratos, entre los años 2015 y 2017, que terminaron generando una riqueza de 4 millones 102 mil 873 nuevos soles a favor del ‘hermanito’ Camayo.

En febrero de este año, el fiscal anticorrupción Gunther Cornejo inició la respectiva investigación en contra de los tres altos exfuncionarios de la Policía Nacional por los presuntos delitos “contra la administración pública, colusión agravada y/o negociación incompatible en agravio del Estado”.

Cornejo se sostuvo de una indagación interna en la PNP que data de julio del 2018 en la que se encontraron calcomanías de Iza Motors en varios vehículos policiales, muchos de los cuales fueron utilizados en el operativo para capturar al empresario Antonio Camayo, uno de los principales involucrados en el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto».

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MÁS IRREGULARIDADES

El despacho de Cornejo cuestiona, también, que algunos de los consorcios de Iza Motors estuvieron integrados por empresas que no tenían vinculación con el rubro que por ese entonces se solicitaba.

Por ejemplo, Iza Motors logró 7 contratos en consorcio con la empresa Giovanna Zegarra Zavaleta (persona natural) y la compañía Mafeky Motor. Por estas gestiones, resultaron beneficiadas con 2 millones 192 mil 217 nuevos soles.

El Ministerio Público ha podido saber que la actividad de la empresa de Zegarra «no guarda relación con la actividad solicitada». A su vez, se conoció de la compañía Mafeky Motor que fue creada pocos días antes de suscribir su primer contrato con la VII Región Lima.

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