El derecho internacional y la no intervención en asuntos internos

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir en la politica interna de una Nación.

Por C. Alfredo Vignolo G. del V.

El artículo 43 de nuestra Constitución Política especifica muy claramente que «La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana».

La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) contempla en su artículo 19 que «Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, inclusive el artículo 20, se refiere a que “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza».

La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, sobre la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, especifica que la «Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:», literal 7 «Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII».

El principio de la no intervención o el deber de un Estado cualquiera sea su posición ideológica de no intervenir en los asuntos internos de otro, constituye una norma fundamental y esencial del derecho internacional y uno de los principios rectores de las relaciones internacionales.

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En el derecho internacional que comienza a desarrollarse después de la segunda guerra mundial el principio de la no intervención pasó a constituirse en una de las reglas esenciales de las relaciones internacionales. Así lo reconocen la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los demás instrumentos constitutivos de otras organizaciones internacionales y dicho principio quedó consagrado en importantes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de la comunidad internacional, ha avalado la no intervención como una norma fundamental del derecho internacional vigente.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en diversas resoluciones ha consagrado el principio de no intervención; en la primera de ellas, la Resolución No. 375 (IV), adoptada en 1949 sobre la base de un proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional, que contiene la Declaración de Derechos y Deberes de los Estados en su artículo 3 establece que «Todo Estado tiene el deber de abstenerse a intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado».

Luego, en sucesivas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas –particularmente la No. 2131 (XX) respecto a la Declaración sobre Inadmisibilidad de la Intervención en los asuntos internos de los Estados y la protección de su independencia y soberanía y la No. 2625 (XXV) relativa a la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, el principio de no intervención quedó consagrado como uno de los fundamentales del actual derecho internacional.

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Así mismo las resoluciones No. 2151 (XX) y No. 2625 (XXV) disponen que todos los Estados deberán abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado. Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado. A la vez dichas resoluciones dejan expresa constancia que el principio de no intervención, tal como ha sido recogido por las mencionadas resoluciones, en modo alguno puede afectar las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

El Gobierno del Perú al ser Estado Parte tanto de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos está en el deber y obligación de incoar tal jurisprudencia, ante el avasallamiento tanto del gobierno de Bolivia, México, Colombia y Argentina, en asuntos que nos competen exclusivamente a nosotros como país soberano.

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