El Gobierno y su respuesta a las próximas protestas contra el Congreso y el Ejecutivo

Movilizaciones pasadas golpearon a la sociedad y a la economía peruana.


Por F. Salas

Luego de una serie de modificaciones en el Código Penal, el gobierno de Dina Boluarte se prepara para afrontar las contingencias que pueden dejar las nuevas protestas en Lima y otras regiones, pactadas para los días 7, 8 y 9 de diciembre en contra de los actuales representantes del Ejecutivo y Legislativo.

Una de las primeras medidas será la movilización masiva de contingente policial en la capital peruana. Cuatro mil policías resguardarán las calles y tres mil efectivos permanecerán en reserva a la espera de ser requeridos, fue uno de los primeros anuncios del jefe de la Región Policial Lima, general PNP Róger Pérez.

Por otro lado, el Gobierno identificó que la postura de algunos manifestantes no contempla llevar a cabo una marcha pacífica, por lo que anunció sanciones más severas a quienes dañen a la propiedad pública o privada, o interfieran con los servicios públicos. Estas son las nuevas disposiciones:

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  • 15 años de cárcel para personas que bloqueen carreteras en el país.
  • De 4 a 6 años de cárcel para quienes entorpezcan el funcionamiento de servicios públicos (gas, hidrocarburos, saneamiento, entre otros).
  • De 6 a 8 años de cárcel para aquellas personas que atenten contra la integridad física de los demás y/o afecten la propiedad pública o privada.
  • De 8 a 10 años de cárcel a quienes incurran en actos de violencia y utilicen distintivos de la PNP o FF.AA.
  • De 8 a 12 años de cárcel para aquellos que causen lesiones graves.
  • 15 años de cárcel para aquellos que provoquen la muerte de una persona.
  • De 3 a 6 años aquellos que colaboren con el delito de disturbio, disponiendo de inmuebles, objetos o instrumentos que faciliten las actividades del agente de disturbio.

Perjuicios de anteriores marchas anti-Gobierno

Luego de que Pedro Castillo llevara a cabo de manera fallida un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte asumió como presidenta, desatando la furia de miles de procastillistas que, desconociendo el gobierno de sucesión, salieron a marchar, sumergiendo al Perú en una profunda crisis política.

Durante las protestas de fin de 2022 e inicios de 2023, miles de manifestantes coparon diversos puntos del Perú bloqueando carreteras, destruyendo edificaciones públicas y privadas, y protagonizando violentos enfrentamientos contra contingentes policiales.

El conflicto dejó un saldo que superó las 50 muertes de civiles y miles de personas heridas, además de grandes pérdidas económicas por paralización productiva en el país. “2,150 millones de soles como costo de la conflictividad social“, indicó Alex Contreras, luego de 6 semanas de protestas.

En ese sentido, el gobierno de Dina Boluarte busca que las medidas adoptadas ayuden a evitar perjuicios parecidos a los que dejaron las protestas pasadas que puedan agravar la situación de un país que atraviesa la recesión económica y está en proceso de reactivación.

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