El poder desmedido de las juntas vecinales
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Al margen de lo ya escrito en estas páginas sobre el poder de las juntas de seguridad ciudadana, también las juntas vecinales deben jugar, según el proyecto de reforma policial del Partido Morado, un papel crucial en la selección, evaluación de desempeño y remoción del jefe policial provincial de su jurisdicción, según el artículo 15 del proyecto N° 05986/2020-CR, sobre la “Ley de Distritos Seguros”.

El artículo 16 es más explícito sobre lo que ordena sobre dichas juntas y las de seguridad ciudadana.

“Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y las Juntas Vecinales Comunales tienen las siguientes facultades:

a) Solicitar al Ministerio del Interior un informe detallado sobre el proceso de selección del jefe policial provincial o comisario distrital de su jurisdicción, y sobre el desempeño profesional del jefe policial o comisario distrital de su jurisdicción en otras dependencias de la Policía Nacional del Perú.

b) Solicitar al jefe policial provincial o comisario distrital de su jurisdicción la realización de una audiencia pública en la que se informe sobre:

a. las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel provincial y distrital;

b. la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana; y

c. la gestión administrativa y presupuestal correspondiente.

c) Remitir al Ministerio del Interior informe sobre la responsabilidad y eficiencia en el desempeño profesional del jefe policial provincial o comisario distrital de su jurisdicción.

d) Solicitar al Ministerio del Interior la remoción del jefe policial provincial o comisario distrital de su jurisdicción en casos de manifiesta falta de diligencia en el cumplimiento de los planes y acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad Ciudadana respectivo, y/o por la Policía Nacional y el Municipio o Serenazgo”.

Con el añadido que “el jefe policial provincial o comisario distrital realiza la audiencia pública a la que se refiere el inciso b) del artículo 16 de la presente ley, dentro de los 30 días hábiles de presentada la solicitud de la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana o la Juntas Vecinales Comunales”.

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