El problema del Perú es la mala gestión pública

La vez pasada la presidenta Boluarte tuvo una frase realmente buena: “El hambre no tiene ideología”. Y tiene toda la razón. En general, la gestión pública no debe tener ideología, debe ser lo más competitiva, eficiente, transparente y meritocrática.

Panorama general

En los años 90 se hicieron las reformas de primera generación, liberalizando la economía, privatizando las empresas del Estado, definiendo el rol subsidiario del mismo y la autonomía del BCR.

A partir de ello hemos crecido a tasas altas y los fundamentos macroeconómicos se siguen sosteniendo sólidamente sobre las premisas originales de las reformas de los años 90, sustentadas en el Consenso de Washington.

El problema del Perú no es ni el modelo económico a nivel macro, ni el sector privado, ni la Constitución del 93 porque recursos hay, no tenemos mayor déficit fiscal ni crecimiento de la deuda soberana.

El problema del Perú es la mala gestión pública, que es el puente entre la política y la economía.

A mejor gestión pública tecnocrática, mejor le va a la economía transversalmente en todos los sectores y a los peruanos de a pie creando confianza, prosperidad y reduciendo pobreza; creciendo a 7.2% promedio anual los cinco años en el segundo gobierno de Alan García.

¿Cuál es la situación actual?

1. Según informes de Contraloría, el costo de la corrupción en el 2021 fue de aproximadamente US$6,300MM, es decir el 2.9% del PBI.
Siendo conservadores en las premisas del cálculo, el costo de la corrupción sistémica en los tres niveles de gobierno podría estimarse en aproximadamente US$50,000MM por los últimos 10 años.

2. En términos de proyectos de inversión pública, haciendo un cálculo conservador dado que no tenemos todas las cifras, en obras que fueron pérdida total o sobrevaluaciones identificables contra estándares internacionales, tenemos otros US$16,700MM, que son básicamente Petroperú/Talara con US$10,000MM en valor actual, Línea 2 del Metro con US$3,000MM y US$3,700MM en la IIRSA Sur.

3. En vista de que en los últimos cinco años hemos tenido seis presidentes, y tres Congresos, ha habido una excesiva y nunca vista rotación de altos cargos en el Ejecutivo, siendo Castillo el peor al nombrar a delincuentes e incompetentes como ministros, un gobierno cada vez más ineficiente al punto que no pudieron comprar urea por escándalos de corrupción, no había brevetes ni pasaportes, etc., porque solo se dedicaron a robar.

Aquí cabe mencionar que el deterioro de la institucionalidad, el populismo irresponsable, abierto y antidemocrático entran en fase crítica con Vizcarra y su “disolución fáctica”, en que se nos mintió en todo lo referente a la crisis covid y que por mala gestión pública fuimos el peor país a nivel mundial, con la mayor tasa de fallecimientos por millón y caída del PBI del mundo.

4. Debido al populismo irresponsable de congresos y Poder Ejecutivo anteriores, se derogó el régimen de promoción a la agroexportación -un sector que creció 16 veces en los 20 años de vigencia que tuvo, creando riqueza, pleno empleo en Ica-, se permitió el ataque político y directo a los fundos de agroexportación y a la gran minería formal que es la que más protege el medio ambiente, aporta en impuestos y en montos de inversión en proyectos nuevos, justo ahora en que el cobre está en casi US$9,000/Tn y el oro en US$1, 849/oz.

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5. Si bien la pobreza monetaria es un indicador útil, lo mismo el índice de Gini para medir la desigualdad, ambos con evolución favorable a nivel país, lo cierto es que por mala gestión pública hay zonas y sectores del país que se han quedado muy rezagados en términos de nutrición, anemia, infraestructura hospitalaria, educativa y de conectividad.

Además, por mala gestión, el porcentaje de ejecución de la inversión pública es muy bajo: 70% en promedio, pero es mucho peor en las zonas de pobreza altoandina, liderados por Cajamarca con 45% y Puno con 45.1% en donde gran parte de la población, una cifra cercana al 50% no tienen agua, desagüe o electricidad.

No podemos aceptar tener a hermanos peruanos en situaciones tan precarias y de abandono del Estado a nivel regional por falta de gestión.

6. La informalidad ha aumentado hasta el 80% debido a la crisis sanitaria.

7. El nuevo gobierno constitucional de la señora Boluarte, el premier Otárola y su gabinete han asumido su rol de gobierno y servicio público para todos los peruanos de manera responsable, escuchando a los especialistas, actuando con serenidad, firmeza y madurez.

8. Estamos ad portas de ingresar a la OCDE, un proceso que ya lleva varios gobiernos sucesivamente y tenemos que implementar reformas de segunda generación para poder ingresar a dicha organización.

Conclusiones y recomendaciones

A. Crear la ARCAT, la Autoridad de Reingeniería de Procesos, Contraloría y Apoyo Técnico adscrita a la PCM para la asesoría a todos los gobiernos regionales en sus procesos de presentación de expedientes técnicos, administración local, automatización, haciéndolas más eficientes, eliminando toda duplicidad, función o procedimiento que no agregue valor y evaluando al personal si cumple con los estándares de idoneidad establecidos en la Ley 31419.

B. De acuerdo a este nuevo diseño de gestión pública regional, deberá haber siete unidades administrativas ARCAT macrorregionales como primer paso para la integración administrativa real a nivel macrorregional , homologando procesos e integrando sistemas, usando las mejores prácticas de reingeniería de procesos, haciéndolos más rápidos, automatizados y menos onerosos, lo que redundará en una mayor competitividad en apoyo a todos los peruanos y a las empresas.

¿Para qué tener 24 administraciones regionales cuando se pueden unificar en solo siete más eficientes y menos onerosas? El Perú no necesita más Estado, sino mejor Estado.

C. Crear siete fideicomisos macrorregionales destinados a la construcción de infraestructura pública.

El aporte inicial lo haría el Estado y se le reembolsarían los fondos anualmente en cuotas de aproximadamente US$800MM.

Así se impulsaría la construcción de carreteras, colegios, además de la tan necesaria renovación y construcción hospitalaria, con un mix de hospitales regionales y macrorregionales, cada uno con la capacidad necesaria para absorber las necesidades de la población en donde se construyen.

D. Reformar el sistema de toma de decisiones de inversión pública, usando estándares de rentabilidad, tarifas o costos por kilómetro comparables a nivel internacional para obras según sector.

Nunca más queremos casos como la Refinería de Talara/Petroperú que nos ha ocasionado cuantiosas pérdidas señaladas en párrafos anteriores o casos de sobrevaluaciones como la IIRSA Sur en que pagamos 5.6 veces el valor presupuestado.

E. Impulsar la gran minería formal declarando los proyectos como zonas críticas de protección nacional, tal como lo son los aeropuertos, puertos y otros activos estratégicos a nivel nacional.

En cuanto a la licencia social, esta se obtendría más fácilmente a través de la ejecución de obras por parte de la empresa minera al inicio de operaciones vía un nuevo mecanismo “Fast Track” de Obras por Impuestos que se aplicará en todos los sectores.

F. Con respecto al sector agrario, habría que restaurar y mejorar el régimen de promoción a este sector que ha traído bienestar, creando empleo y bienestar a millones de peruanos, con estándares de innovación y sostenibilidad de primer nivel.

Incluso, este régimen promocional debe ampliarse al sector turismo, la pesca artesanal y a la industria forestal porque son sectores intensivos en mano de obra, formales e inclusivos.

H. Creación de cuentas DNI a nivel nacional, para que por cada compra que haga una persona natural, reciba el 2% del IGV en su cuenta DNI cada fin de mes, esto es un incentivo directo orientado a la formalización y digitalización de la relación ciudadano/Estado, ampliando base tributaria a través del vendedor e incentivando a todos los peruanos a integrarse a la modernidad, uso de servicios públicos e inclusión transversal a nivel nacional.

El objetivo a futuro es que cada peruano con su DNI pueda hacer uso de la plataforma digital del sector público, accediendo a todos los servicios o trámites personales tales como salud, brevetes, DNI, depósito de bonos solidarios en caso hubiera alguna crisis como la covid nuevamente y otros.

I. Evaluar la viabilidad económico financiera de Petroperú de manera transparente y pública.
En nuestra opinión, Petroperú debería ser liquidada de forma ordenada, escindiendo la Refinería primero, venderla y luego liquidar activos y personal, solo manteniendo la unidad de trading de combustibles que sí es rentable y sus utilidades se destinarían a amortizar la deuda de Petroperú.

El Estado no es un buen empresario.

J. Reducir de 8 UIT a 0.5 UIT las microconsultorías a sola firma por las que se gastaron US$3,800MM en 2021 sin concurso público, a través de 3.5 millones de órdenes de servicio en los 3 niveles de gobierno.

K. Iniciar los Planes Puno y Cajamarca, con intervención directa en soporte administrativo, ayuda social, capacitación e inversión pública.
En Puno, cinco de los siete últimos gobernadores están presos o en investigación por corrupción.

Finalmente, solo decir que toda crisis es una oportunidad de oro para hacer reformas, hacer las cosas bien y que sean aceptadas por todos.

Por José Quesada Seminario

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