El procedimiento de acusación constitucional

El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia.

Por C. Alfredo Vignolo G. del V.

El artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República que tiene rango de ley es claro en lo referente al procedimiento de acusación constitucional, mediante el cual se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de nuestra Constitución Política.

Las denuncias presentadas son derivadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación, como órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias, así como de realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo el informe final correspondiente.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. Ésta lo aprobará, sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles.

De acuerdo con el inciso d.5 del referido artículo, concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, le encargará al congresista que se delegó la determinación de los hechos materia de la investigación y la pertinencia de las pruebas, la elaboración de un informe para que lo presente, a más tardar, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la audiencia -la audiencia se celebró el primero de agosto último-, el cual será debatido y aprobado, o rechazado, en la sesión que para el efecto convoque la presidente de la Subcomisión. La sesión se realiza con la asistencia de la mitad más uno del número legal de los miembros de la Subcomisión.

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El informe final puede concluir con la acusación del investigado (Pedro Castillo por delito de Traición a la Patria y/o infracción constitucional) o el archivamiento de la denuncia, y debe ser remitido a la Comisión Permanente.

Recibido el informe, el presidente de la Comisión Permanente ordena su distribución entre los miembros y convoca a sesión de la misma, la que no se realiza antes de los dos (2) días útiles siguientes.

Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional se vota previo debate. En ambos casos el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone la acusación ante el Pleno del Congreso de la República, se debatirá el informe y se votará, pronunciándose por la acusación o no ante el Pleno.

Si el informe que propone la acusación es aprobado, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión Acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por su presidente al momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y formule la acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso de la República. Aprobada la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda de la sesión correspondiente. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la Subcomisión Acusadora y el debate, el Pleno del Congreso de la República vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación.

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En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota, en la misma sesión, si se suspende o no al acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el segundo caso, el expediente se archiva. El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente, es decir 51 congresistas.

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, es decir 67 congresistas, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su Informe presentado el 27 de enero del 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata.

El expediente con la acusación constitucional es enviado a la Fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Carta Magna.