El vía crucis de los afectados por la Caja de Pensiones Militar Policial
Con una simple comunicación tratan de anular contratos violando el Código Civil.

En 1995 se firmaron los contratos de compra venta entre la Caja de Pensiones Militar y Policial y los compradores pagaron cinco años seguidos para completar el coste de 35 mil dólares por departamento, 7 mil dólares por estacionamiento y una inicial de 4,200 dólares al que llamaron arras.
Se pagó sin problemas hasta el año 2000 en que estalla el escándalo de la Caja ligado a Vladimiro Montesinos y esta entidad fue cerrada por ocho años. En el ínterin algunos siguieron pagando en forma ingenua a la Financiera del Sur, que resultó siendo ligada al mafioso Montesinos.
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NI UN SOL
Al reabrirse la Caja en el 2008, no les reconocieron ni un sol de lo pagado a dicha financiera. Y de inmediato la Caja entregó el cobro de la deuda a la Administradora de Comercio S.A., la que con un simple escrito anuló los contratos.
Eso sucedió no obstante que en muchos casos se había pagado el 52.17% del total del precio del inmueble, lo cual imposibilita, de acuerdo a la normativa vigente en esos años, a despojar de sus bienes a los compradores, esto en aplicación del debido proceso y del artículo 122 del Código Procesal Civil, inciso 3.
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