Elecciones fraudulentas: cosa juzgada y cosa decidida

Lo señalado por los fiscales no es una decisión o resolución definitiva y concluyente.

Por Luis Lamas Puccio

Me refiero a las declaraciones vertidas sobre las resoluciones emitidas por los representantes del Ministerio Público, que disponen el archivo de las investigaciones sobre las denuncias en contra de algunos de los miembros de las mesas electorales que participaron en la segunda vuelta en el 2021. Se fundamentan las disposiciones en que no se habrían encontrado pruebas o indicios de responsabilidad penal para favorecer a algunos de los candidatos en pugna.

Se trata de una decisión importante que en un primer momento dirime los cuestionamientos surgidos por parte de los distintos sectores de la sociedad civil y las agrupaciones políticas, que en su oportunidad denunciaron la falsificación y adulteración en las actas y los resultados electorales en términos dolosos para favorecer a uno de los candidatos que en la práctica terminó siendo elegido presidente de todos los peruanos.
precisiones

Sobre el particular, es oportuno y pertinente señalar algunas precisiones de orden legal:

1. Lo señalado hasta la fecha, por parte de los fiscales que se encuentran a cargo de las diferentes investigaciones, no es una decisión o resolución definitiva y concluyente como para poner fin a toda la controversia surgida sobre el particular. Los fiscales carecen de capacidad legal para finiquitar una denuncia, en tanto que si bien es cierto son los que investigan sobre lo sucedido en términos monopólicos siempre en la búsqueda de pruebas, indicios o evidencias, sus resoluciones no son definitorias o finales como sí acontece con las sentencias que provienen del Poder Judicial que configuran lo que se conoce como «cosa juzgada».

Los fiscales a cargo de las investigaciones no han declarado a nadie inocente y menos culpable de una imputación penal precisa y objetiva, en razón a que esta prerrogativa de contenido definitivo es una competencia única y exclusiva solo de los jueces, que son los que en última instancia los que administran y dirimen la justicia a favor de uno o en contra de otro. El numeral tercero del artículo IV del título preliminar del Código Procesal Penal, señala: que los actos de investigación que practica el Ministerio Público no tienen carácter jurisdiccional. Cuando es necesaria una decisión de esta naturaleza, se requiere la intervención de un órgano jurisdiccional (Poder Judicial), y con una motivación que fundamente lo decidido.

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2. Las disposiciones de archivo que en el presente caso provienen de los fiscales, sin perjuicio que pueden ser objeto de apelación o de una queja para que sea un fiscal superior quien las revise, en términos estrictamente jurídicos y constitucionales no tienen calidad ni condición de “cosa juzgada”, como sí acontece con una sentencia judicial consentida y ejecutoriada.

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