Empresa «fantasma» hace obras para el Congreso
Consorcio Consur realiza labores para el nuevo centro médico del Parlamento, pese a no tener contrato ni dirección de RUC corroborada.
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¿Cómo hace una empresa que no tiene contrato firmado con el Congreso para realizar labores de ejecución de obra del nuevo local para el servicio médico del Parlamento? Aunque parezca increíble, esto parece ser una realidad según un informe televisivo difundido anoche en el dominical ‘Contracorriente’ de Willax TV.
Se trata del Consorcio Casnu, ganador de la buena pro y que en el colmo de las cosas habría consignado una dirección falsa y tampoco cuenta con una carta fianza que garantice la ejecución de las obras. La dirección registrada en su RUC tampoco es real, lo cual la convertiría en una “empresa fantasma”.
El memorando número 183-2023 de la oficina de auditoría interna del Congreso, firmado de puño y letra por Fernando Rosales Cirilo, auditor general del Legislativo, comunicó al oficial mayor del Parlamento, Javier Ángeles Illman, el reporte de avance ante situaciones adversas número 028-1-2023 respecto de la ejecución de obra de nuevo local para el servicio médico del Congreso.
La evidencia contra el Congreso
El informe mostró un importante documento con fecha del 5 de julio en el cual la oficina de auditoría interna del Congreso advierte que el Consorcio Casnu viene realizando trabajos de movimiento de tierras desde el 28 de junio pasado, esto sin haber firmado contrato con el Parlamento.
No sabe nada
“No tengo conocimiento de ese informe, la Mesa Directiva no ha recibido ese informe. Mal haría el auditor en informar a la prensa antes que a la Mesa Directiva porque nosotros tomamos las medidas correctivas. La labor del auditor general es alertar lo que está sucediendo pero esa información no la tenemos en la mesa. Él (el auditor) estaría incurriendo en una irresponsabilidad funcional”, precisó el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, quien señaló que la obra costará entre 600 mil y 700 mil soles, aunque el propio Legislativo aprobó un presupuesto de 2 millones de soles para su ejecución.
Este caso ocasiona un riesgo de potenciales contingencias legales para el Congreso ya que las acciones emprendidas por el postor carecen de validez jurídica al no haberse suscrito un contrato que formalice los términos y condiciones del proyecto, incluyendo plazos, costos y responsabilidades, advirtió el auditor Rosales Cirilo.
El excongresista Daniel Abugattás indicó: “No solamente no hay contrato, aunque este en sí no garantiza nada. Por eso se pide una garantía real, una carta fianza que no hay. Han entregado el dinero público, lo cual para mí es un delito. La Mesa Directiva debe responder por esto”.
Mientras que Mónica Yaya, especialista en contrataciones del Estado, dijo que lo más grave es que se está jugando con la seguridad y vida de quienes van a circular por la obra cuando esté culminada. “La ejecución de esta obra es en estos momentos riesgosa”, precisó.
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