Encuestas electorales falsas y responsabilidad penal
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Por Luis Lamas Puccio

Uno de los aspectos más cuestionados que caracterizan los últimos procesos electorales en nuestro medio es el desempeño poco decoroso o inadecuado que han tenido algunas empresas encuestadoras, por lo general abocadas solo a tratar de influir por todos los medios para que el electorado elija candidatos que son proclives a sus intereses. Una somera apreciación denota una falta de rigor sobre la forma o manera como obtienen y procesan la información, que en lugar de contribuir para que el electorado defina en forma razonada y ecuánime el candidato de su preferencia, por el contrario desinforman y desnaturalizan esta decisión proporcionando datos o resultados que no necesariamente se condicen con la realidad.

Una evidencia son las convocatorias improvisadas a los debates mediáticos para que interactúen con las cifras que muestran determinadas encuestas, las que en lugar de tener como finalidad informar y educar al electorado sobre cada uno de los planes o proyectos que tiene cada candidato, al revés se convierten en escenarios contraproducentes en donde imperan las acusaciones mutuas y denuncias recíprocas.

Candidatos desprestigiados

Todos los que participan terminan desprestigiados, a excepción del candidato que aparezca liderando las encuestas previamente coordinadas. Información periodística en la primeras planas de los medios de comunicación y entrevistas privilegiadas fortalecidas con las encuestas, van sistematizadas como parte de un solo bloque informativo que lo que busca es fortalecer la imagen y el apoyo incondicional a un candidato de su elección.

Hablamos de un componente valorativo trascendente en un proceso electoral y su incidencia decisiva sobre las decisiones que asume una parte importante del electorado, como resultado de haber brindando información nada cierta, precaria, incierta o no corroborada, incluso de dudosa veracidad sobre los datos o cualidades que se informa respecto a un candidato en especial, que no necesariamente se condicen con la veracidad de la información o los datos proporcionados. Lo escandaloso es que hasta la fecha, nadie ni ninguna empresa encuestadora ha sido investigado, denunciado y menos condenado por haber engañado a la opinión pública publicitando información falsa en las encuestas.

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