¡Escándalo! Aportes ilegales y corrupción: oscura sombra sobre campañas políticas en Perú [ANÁLISIS]
La financiación privada y las contribuciones ilícitas siguen marcando las elecciones, con partidos políticos en el centro del escándalo.
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¡Escándalo! Aportes ilegales y corrupción: oscura sombra sobre campañas políticas en Perú [ANÁLISIS].
Los intereses económicos y mercantiles respecto a condiciones interesadas siempre han estado y estarán presentes detrás de la política, tanto acá, en nuestro propio país, como en cualquier lugar del mundo. Lo mercantil, por distintas razones, aparece estrechamente ligado a la actividad política.
Sobre este particular, partimos de la premisa de que tanto la transparencia como la claridad en el sistema de financiación de los partidos políticos, así como en el propio financiamiento de las campañas políticas, son en realidad los componentes más trascendentes en los sistemas democráticos. En ellos se refleja la transparencia en la gestión pública y el buen gobierno en la práctica.
En el presente caso, hago referencia a los recursos que se esconden en las vías ocultas de la política, las actividades licenciosas o irregulares que se encuentran detrás, sin dejar de tener presente las influencias que siempre provienen de los grupos de interés sobre los partidos políticos, los cuales pugnan por tener una presencia decisiva en el financiamiento y sobre el adecuado y oportuno comportamiento de los mismos.
Proyecto de ley
Me refiero a un proyecto de ley particularmente importante y trascendente para el desarrollo y consolidación de la vida democrática en nuestro país, que ha sido aprobado por una mayoría parlamentaria recientemente en la Comisión Permanente del Congreso y que debe ser debatido y discutido en el pleno de nuestro parlamento para posteriormente convertirse en una ley.
Hablamos de restituir el financiamiento privado a favor de los partidos políticos y su desempeño, con miras a los resultados que se deben obtener en las próximas elecciones generales, que se llevarán a cabo en el año 2016.
Aportes de campaña
Se trata de las contribuciones privadas o de particulares a la próxima campaña electoral, las cuales, de acuerdo con la iniciativa legislativa, deberían ser solo hasta por un monto máximo de 200 UIT, que equivale, aproximadamente, a 1 millón de soles. Estas contribuciones pueden provenir tanto de personas naturales como de personas jurídicas o empresas privadas.
Un financiamiento que tiene un valor decisivo en una contienda electoral como la que se avecina en nuestro medio, cuya característica más relevante es que participarán más de 60 partidos o agrupaciones políticas. Un escenario electoral fraccionado y vulnerable para la vida política de nuestra nación, no solo por la proliferación indiscriminada de candidatos y la abundancia de propuestas electorales, sino porque una parte importante del sentido del acto electoral se circunscribe más a la oposición que a la convicción.
La consabida corrupción
El universo electoral en nuestro medio, representado por los partidos políticos, por una u otra razón, siempre se ha encontrado matizado por sus estrechas vinculaciones con la corrupción política, el dinero sucio en las campañas y el lavado de activos como fuente de financiamiento.
Hablamos de partidos o agrupaciones políticas y, en algunos de sus líderes más representativos, que en reiterados casos han utilizado de manera malsana la política como medio no solo de corrupción personal o grupal, sino también para enriquecerse en forma individual, en desmedro de la democracia y la credibilidad popular.
No puede negarse que una cantidad importante de los procesos por corrupción, cohecho, lavado de activos y otros delitos han tenido la intervención de los partidos políticos. Las evidencias son irrefutables, como lo verifica la cantidad de personajes políticos procesados por corrupción y que siguen apareciendo a pesar de todo lo señalado.
La fiscalización de los aportes
La propuesta legislativa aprobada hace referencia a una serie de mecanismos de control interno y administrativo dentro de los mismos partidos, respecto a la verificación y transparencia de los aportes económicos. Se menciona la participación activa de distintas entidades públicas y privadas con la finalidad de transparentar las fuentes de los aportes.
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Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado que poco o nada sirvieron las instituciones mencionadas en el proyecto cuando se trató de verificar la licitud de los aportes para campaña. Una labor preventiva administrativa nula y solo simbólica, que, de haberse puesto en práctica algunos de sus preceptos y mecanismos de fiscalización, como lo preconizan las mismas normas que existen sobre el particular, la corrupción política develada no hubiera podido llevarse a cabo. Además, no podemos soslayar la cantidad de años que han tenido que transcurrir para que, en alguna medida, se reaccionara sobre el particular.
Hablamos de casos de corrupción política y empresarial comprobada que pudieron ser impedidos si, en efecto, estas entidades y las leyes que las respaldan se hubieran cumplido.
Compliance en los partidos políticos
A pesar de la importancia y trascendencia que la corrupción y los activos sucios mantienen en el desarrollo de la vida nacional, hasta la fecha los partidos políticos no solo han sido librados de sanciones administrativas de naturaleza penal, como sucedió con la Ley 32054 que modificó el Código Penal para excluirlos de las llamadas consecuencias accesorias, sino que siguen estando exentos de la lista de sujetos obligados por ley a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando tienen evidencia de aportes sospechosos relacionados con operaciones o transacciones financieras cuyos activos resultan sospechosos.
Los partidos no tienen mecanismos para prevenir y detectar transacciones sospechosas, como sí están obligadas la mayoría de las entidades o personas jurídicas. La responsabilidad penal, tratándose de un partido político que actúa como persona jurídica, no solo carece de mecanismos internos de prevención, sino que, frente a cualquier eventualidad, se diluye o debilita ante la posibilidad de algún aporte de dudosa procedencia.
Leyes simbólicas
El financiamiento de los partidos políticos en nuestro medio, respecto a los orígenes ilícitos de los fondos, sobre todo cuando se utilizan para las campañas electorales, no solo ha traído consigo una serie de problemas relacionados con la capacidad de controlar esta clase de aportes, sino que ha puesto en evidencia que, en muchos casos, las propias leyes sobre la materia son solo simbólicas y poco o nada han cumplido los fines para los cuales fueron creadas.
El financiamiento de las campañas electorales constituye una cuestión fundamental en el contexto de las democracias representativas. La transparencia es vital no solo porque constituye un pilar básico en el sistema democrático, sino porque supone ser eje clave en la lucha contra la corrupción, sobre todo cuando esta se encuentra estrechamente relacionada con la política de los partidos.
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