PLANTEAN QUE CONGRESO FISCALICE VENTA DE ACCIONES DE BRASILERA A BROOKFIELD

Estado peruano debe pedir indemnización a Odebrecht

  • Fecha Viernes 23 de Diciembre del 2016
  • Fecha 12:00 am



Políticos piden una profunda investigación e incautar los bienes de la constructora brasileña.

La justicia peruana debe pedir una indemnización tal y como lo han hecho Estados Unidos y Suiza tras la aceptación de la empresa brasileña Odebrecht de haber pagado coimas por un monto aproximado de 29 millones de dólares a funcionarios peruanos de tres gobiernos, con lo cual ha ocasionado una grave afectación al Estado.

“Hay un par de países que están recibiendo dinero como consecuencia de las multas que le están aplicando a Odebrecht y, sin embargo, en el Perú ni siquiera se está multando a estas empresas”, sostuvo Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK).

“Más aún, las empresas brasileñas siguen trabajando en nuestro país como si nada hubiera pasado. Es fundamental que la Fiscalía profundice en este tema para que se llegue al fondo del asunto”, agregó el oficialista.

Cabe indicar que la citada compañía brasileña acordó pagar una multa por US$ 2,600 millones a Estados Unidos, a Suiza y a Brasil, para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga.

Ante este hecho es que el integrante de la Comisión de Fiscalización, Segundo Tapia, también pidió a las autoridades judiciales hacer la misma solicitud que los países antes mencionados, pues la constructora brasileña ha obtenido prácticamente la mayoría de los megaproyectos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

“Si Estados Unidos, Suiza y Brasil ya pidieron una indemnización de casi 3 mil millones de dólares, el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene que hacer lo mismo, porque aquí [Odebrecht] ha pagado US$ 29 millones en coimas que no se sabe dónde están y sobre todo quiénes se han beneficiado con esos montos”, indicó.

REVISAR TRANSACCIÓN

Consultado Tapia sobre la reciente compra del fondo de inversión canadiense Brookfield del paquete de acciones de Odebrecht en el proyecto Gasoducto, el congresista indicó que las comisiones de Fiscalización y “Lava Jato” deben solicitar la revisión de esa transacción.

“Al final no hay un sinceramiento de la verdadera cifra del costo para los peruanos que representa este proyecto [Gasoducto Peruano del Sur], que representa un endeudamiento, porque esa obra la vamos a pagar todos los peruanos a través de los recibos de luz. Creo que la Comisión de Fiscalización y el grupo ‘Lava Jato’ deben pedir información de la compra de acciones de Odebrecht”, enfatizó.

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, indicó que con los hechos de corrupción reconocidos por la brasileña Odebrecht han perjudicado al Estado peruano debido a que el costo de las obras a su cargo debió ser un valor menor, motivo por el cual también debe ser resarcido.

Recomendó cruzar ciertos nombres de las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia con los contenidos en el informe de la Corte del Distrito Este de Nueva York, toda vez que, sentenció, el Gobierno de su esposo Ollanta Humala “fue el más corrupto de los últimos tiempos”.

Indicó que además de reforzar las investigaciones de las gestiones de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, también se debe revisar la gestión edil de la exalcaldesa Susana Villarán.

INCAUTAR BIENES

Para el abogado y parlamentario andino Rolando Sousa, el Estado peruano debería incautar las propiedades de la empresa que ha reconocido ser corrupta, al haber incurrido en el delito de cohecho.

“Creo que hay una pérdida de dominio de estos bienes, así como se utiliza en el tema del narcotráfico, creo que las autoridades judiciales deberían tomar en cuenta estas circunstancias e incautar los bienes de estas empresas, sean materiales o inmateriales”, consideró.

Sin embargo, el excongresista hizo una distinción entre las empresas que han ganado obras del Estado en consorcio y aquellas que ganaron licitaciones y posteriormente invitaron a otras compañías a formar un consorcio.

“Hay obras en las que ellos ganaron como empresa y con posterioridad invitaron a otras empresas a formar un consorcio; en esas circunstancias es posible que las otras empresas no estén enteradas, pero todo esto debe ser materia de investigación”, sostuvo.

Se mostró en contra de facilitar la venta de las obras para el ingreso de terceras personas, con el supuesto objetivo de que no se paralicen los servicios públicos.

“Lejos de dar un mensaje claro para que no se repita, se está ayudando a tapar la corrupción porque el que está rematando sus bienes es el corrupto”, enfatizó en alusión a la venta de las acciones de Odebrecht al fondo de inversión Brookfield de Canadá.

No olvidemos que días atrás el titular del Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, informó en un canal de cable que Brookfield había aceptado mantener sin cambios la cláusula anticorrupción del contrato de concesión del Gasoducto, a diferencia de la postora fallida, la norteamericana Sempra.

PREOCUPACIONES

Las acciones de Odebrecht en el Gasoducto del Sur no es el primer negocio que Brookfield cierra con Odebrecht. Recuérdese que en junio pasado el mismo fondo adquirió el 57 % de la operación de la concesión vial Rutas de Lima por un monto de US$ 450 millones.

Asimismo, Brookfield compró el 100 % de las acciones de Odebrecht en las concesiones H2 Olmos y Trasvase Olmos (CTO), operación que faltaría ultimar detalles con los acreedores y el Gobierno Regional de Lambayeque. Finalmente, en octubre, Brookfield compró el 70 % de la filial internacional Odebrecht Ambiental por US$ 878 millones.

Estas adquisiciones no deberían ser las únicas preocupaciones de una clase política aturdida por el caso Lava Jato y sus derivaciones en el Perú.

TODO SEGUIRÁ IGUAL

Y es que en el caso del Gasoducto del Sur al parecer todo seguirá igual, no obstante que el actual Gobierno se había comprometido a revisar o sincerar tanto los probables sobreprecios como la misma tarifa eléctrica con que se solventará esta obra. Pero hasta ahora no hay nada. En el mejor de los casos está en el limbo.

Es más, los expertos dicen que se piensa agregar un nuevo ducto para las ciudades de Cusco, Puno y Arequipa, que no se sabe quién lo pagará.

Parecidas circunstancias se ven en la Línea 2 de Metro de Lima y la Refinería de Talara, que juntos, sumados a otros gastos faraónicos, como del Oleoducto Nor Peruano, las compras militares y el mismo gasto corriente, sumarían alrededor de 25,000 millones de dólares.

CONFIEP:

 “El país debe conocer a los involucrados”

La Confiep rechazó la conducta empresarial de Odebrecht, la cual generó una estructura organizacional para cometer actos ilícitos en 12 países de Latinoamérica y África.

“Rechazamos la conducta empresarial de Odebrecht, la cual generó una estructura organizacional para cometer actos ilícitos en 12 países de Latinoamérica y África, corrompiendo funcionarios públicos y obteniendo condiciones ventajosas para su organización”, informó el gremio empresarial a través de un comunicado.

Invocó a las instituciones judiciales peruanas a que den la máxima celeridad y severidad para quienes hayan actuado al margen de la ley y exigió que reciban el máximo rigor que nuestro ordenamiento jurídico contempla para estos casos.

“El país debe conocer quiénes fueron los involucrados. Estas conductas han afectado no solo la ya alicaída confianza en nuestras instituciones, sino que además se ha perjudicado a los ciudadanos. Compartimos y hacemos nuestra la indignación ciudadana que este hecho ha generado y reafirmamos nuestra vocación de seguir luchando, desde el sector privado, contra este flagelo”, finalizó.

Alan “indignado”

El expresidente Alan García ‏Pérez se pronunció a través de su cuenta oficial en Twitter sobre el nuevo capítulo del caso Odebrecht: “Indignante noticia. El Ministerio Público debe pedir a EE.UU. nombres y pagos que hubiera hecho Odebrecht”. Luego en su segundo tuit escribió: “Todos debemos estar a disposición de las autoridades para identificar y sancionar a los malos funcionarios”.

EXMINISTRO CHAKANO GINO COSTA:

“No pongo las manos al fuego por Alejandro Toledo”

¿Se quemarán? Aunque dijo no poner las manos al fuego por el expresidente Alejandro Toledo, pese a haber sido uno de sus ministros, el congresista Gino Costa (PpK) sí se animó a hacerlo por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien fue llamado como testigo por la Fiscalía en la investigación del caso Lava Jato. Lo mismo hizo el aprista Mauricio Mulder en el caso del exmandatario Alan García.

Ambos parlamentarios han sido elegidos como integrantes de la “comisión Lava Jato” que tendrá a su cargo la investigación de las coimas presuntamente pagadas por las empresas brasileñas a funcionarios peruanos.

“Yo pongo las manos al fuego por Pedro Pablo Kuczynski, salvo que haya evidencia contraria. Yo confío en su honorabilidad y por eso estoy a su lado. Por Alejandro Toledo no pongo mis manos al fuego porque ya hay elementos suficientes de su involucramiento en graves hechos de corrupción que están en manos de la Fiscalía”, afirmó Costa.

Por su parte, el aprista Mauricio Mulder aseguró que el expresidente Alan García no tiene vínculos con el caso de las coimas que la empresa brasileña Odebrecht pagó a altos funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.

“Según mi criterio, [el caso] no llegaría a Alan García. Yo no pongo las manos al fuego por [Alejandro] Toledo. Por Alan García, sí, porque yo soy testigo de cómo él, de una manera absolutamente clara, meridiana, machacona, insistente, siempre señalaba la vigilancia con el tema de la corrupción”, indicó Mulder.

Sobre el tema, el vocero del Frente Amplio, Marco Arana, dijo que el aprista Mauricio Mulder no debería continuar en la “comisión Lava Jato” al haber adelantado opinión, cuando dijo que pone las manos al fuego por el expresidente Alan García.

 MINISTERIO PÚBLICO YA INVESTIGA EL CASO

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, informó que el despacho del fiscal Hamilton Castro Trigoso se encuentra investigando los hechos relacionados con el reporte emitido por la Corte del Distrito Este de Nueva York, en el que se indica que la empresa Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios públicos peruanos.

MARÍA TERESA GARCÍA








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