Fernando Rospigliosi, autor de ley de lesa humanidad: “Se busca restablecer legalidad y acabar con la persecución”
Parlamentario reitera que norma aprobada en el Congreso no pretende generar impunidad en favor de exmilitares.
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El parlamentario de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, afirmó que la norma aprobada en el Congreso, de la cual es autor, y que limita los alcances de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, busca restablecer la legalidad en el país y poner fin a la persecución contra exmilitares y expolicías que combatieron el terrorismo entre 1980 y 1990.
El legislador fujimorista defendió su propuesta después de que el Ministerio Público presentara una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32107, que regula los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Según Rospigliosi, la norma no pretende dejar impunes a los exintegrantes de las fuerzas del orden que cometieron crímenes durante la época del terrorismo.
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“Esta ley simplemente busca restablecer la legalidad. No sería necesaria si no hubiera magistrados prevaricadores que, violando la ley, persiguen a militares y policías que derrotaron al terrorismo en las décadas de los ochenta y noventa”, sostuvo.
En esa línea, explicó que la Ley 32107 tiene como objetivo impedir que se utilice el carácter de imprescriptibilidad para supuestos delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de 2002, año en que entró en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
“Un hecho ocurrido en 1990, de acuerdo con las leyes vigentes en ese momento, tenía una prescripción máxima de 20 años. Hoy, 33 años después, no se puede perseguir a alguien por un hecho de 1990. Sin embargo, se está aplicando este dispositivo de manera inconstitucional e ilegal para perseguir a militares por sucesos ocurridos en 1980 y 1990”, señaló.
No anula sentencias
Contrario a lo que algunos abogados y analistas políticos han afirmado recientemente, Rospigliosi negó que esta norma deje sin efecto o anule sentencias dictadas contra exmilitares involucrados en crímenes como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
“Esos hechos ocurrieron en 1991 y 1992. Los miembros de este grupo fueron capturados en 2002, juzgados, procesados y sentenciados según las leyes vigentes en ese momento. Por lo tanto, es perfectamente legal y no interviene el criterio de lesa humanidad, sino las normas legales vigentes. Ellos fueron sentenciados por homicidio y otros delitos. Esa sentencia es inamovible y no tiene nada que ver con esta ley”, precisó.
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