Fiscales cierran filas contra proyecto del Ejecutivo

El Ministerio Público es una bomba de tiempo. Luego de la destitución y reincorporación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez al Equipo Especial Lava Jato, y la masiva presión política contra el fiscal de la Nación, hoy el Congreso de la República evaluará si el proyecto de ley para declarar en emergencia la Fiscalía, será debatida en el pleno o analizado en las comisiones de Constitución y Justicia.

El proyecto Nº 3765, que presentó el presidente de la República, Martín Vizcarra, propone modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía, el Decreto Legislativo Nº 52 y declarar en emergencia el Ministerio Público, pero ha sido catalogado como una intromisión inconstitucional del Ejecutivo en una institución autónoma.

Para el Fiscal Coordinador de las fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, el proyecto, además de colisionar con la Constitución, también podría perjudicar las investigaciones que los magistrados supremos están siguiendo contra la organización criminal `Los Cuellos Blancos del Puerto´.

“Este proyecto no solo propone sacar al fiscal de la Nación, sino a la Junta de Fiscales Supremos. De ellos, el fiscal Pablo Sánchez Velarde y Jesús Fernández Alarcón están investigando a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el expresidente del Poder Judicial del Callao, Walter Ríos, y el ex juez César Hinostroza”, señaló.

Chávez Cotrina también se preguntó qué va a pasar con las indagaciones que tienen si se aplica el proyecto Nº 3765, “porque el presidente [Martín] Vizcarra o el Congreso no van a garantizarlas”, pues son investigaciones en la que los fiscales han arriesgado su vida.

El magistrado resaltó que ni el Presidente de la República, ni su ministro de Justicia, Vicente Zevallos, pensaron en las consecuencias que podría traer su propuesta de declaratoria de emergencia en otras investigaciones que no están relacionadas al caso Lava Jato.

“Ellos solo están viendo el tema Odebrecht y no el caso de `Los Cuellos Blancos´, o las consecuencias que puede traer este tipo de normas o interferencias en el Ministerio Público”, precisó.

Asimismo, especificó que el panorama es similar cuando Pedro Chávarry fue acusado de intervenir en las investigaciones del caso Lava Jato, al retirar del equipo especial a Rafael Vela y José Domingo Pérez.

OPOSICIÓN EN EL PUERTO

En ese sentido, las autoridades del primer puerto del Perú también se pronunciaron, mostrando su posición ante esta sensible coyuntura, que aún nadie sabe qué desenlace tendrá.

La presidenta del Ministerio Público del Callao, Eliana Iberico Hidalgo, expresó su preocupación y rechazo ante el proyecto de ley para declarar en emergencia la fiscalía, manifestando que invade la autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú.

“Hemos publicado un comunicado con una posición bastante clara, firmado por todos los fiscales superiores del Callao, porque es importante priorizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, hay mecanismos y procedimientos que se deben seguir, pero con orden y paciencia”, manifestó.

También señaló que un cambio en la institución “necesitaría otro marco y contexto normativo, no el propuesto” [por el presidente Vizcarra], pues no sería el más adecuado por el momento y la forma.

En paralelo, el fiscal superior del Callao, Roberto Lozada, determinó que el Ejecutivo ha mostrado una evidente intromisión en el Ministerio Público, “entidad que debe tener sus propias competencias”.

“La Constitución establece la estructura de la institución y con este proyecto se está creando una nueva figura, como una junta de fiscales adjuntos supremos. Esto afecta a la Fiscalía, obviamente hay problemas con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry”, evidenció.

Lozada consideró que Chávarry debe evaluar su permanencia en el cargo, pues es una persona con muchos años en el Ministerio Público y como está la coyuntura, es esencial su decisión, aun así, opinó que debería renunciar.

También precisó que es importante mantener el respeto por la jerarquía de los cargos, de lo contrario, se puede generar una anarquía.

“Como lo que hemos visto estos días, donde habría una desobediencia de diferentes formas, una de ellas por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que no tiene nada que ver con su forma de trabajar, porque lo están haciendo muy bien en el equipo especial Lava Jato. De seguro, no se han sentido respaldados”, concluyó.

PLAN TOTALITARIO

Otra voz autorizada en el tema se sumó a las críticas al proyecto del Ejecutivo, que muchos juristas, fiscales y políticos han catalogado como una medida totalitaria, debido a que intenta entrometerse en una entidad libre y autónoma.

El ex magistrado Marcos Ibazeta advirtió que la propuesta oficialista “quiebra la inconstitucionalidad del país” y sería parte de un plan para “capturar el poder y dejar impune los actos [irregulares] de otros”.

“No nos oponemos a la reforma. Nosotros exigimos una, pero no podemos esperar a que se pudran las instituciones y buscar soluciones a corto o mediano plazo. No se puede aprovechar la coyuntura para ocupar el poder, de eso ya hemos observado suficiente los últimos años. Estoy llegando a la conclusión que hay un plan para capturar el poder y dejar impune los actos de otros”, criticó.

Además, comentó que la intervención en el Ministerio Público podría ocasionar un factor político que se evidenciaría en la institución, pero que los fiscales superiores o provinciales, que podrían participar en la Junta Transitoria, serían objetos de manipulación.

“Estoy de acuerdo con que se deban volar cabezas en todas las instituciones, pero con una reforma de acuerdo a la Constitución Política del Perú”, concluyó, dejando entrever que habría intenciones totalitarias para alcanzar otros poderes del Estado.

GABINETE A LA DEFENSIVA

El presidente Martín Vizcarra, cuando anunció que presentaría un marco legal para reformar la Fiscalía por la separación de Vela y Pérez del equipo especial, no descartó una cuestión de confianza en respaldo de los fiscales. Sin embargo, de ocurrir tal anuncio y el Congreso rechazara ese recurso, Vizcarra podría cerrar el parlamento.

En su momento, el congresista Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio (Ppk), determinó que el pedido de confianza es innecesaria porque primero debería ver cómo se desarrolla el debate del proyecto.

“Es absolutamente innecesario, no porque le tema al cierre del Congreso, porque no hay político que esté con ese temor (…) El presidente de la República no puede condicionar una decisión a otra”, cuestionó.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifestó que la cuestión de confianza dependerá del avance que haga el Congreso con la declaratoria de emergencia de la Fiscalía.

“Por eso es que yo no quiero adelantar ningún tipo de opinión sobre eso, porque no está en nuestro interés, pero sí en la necesidad de que frente a una urgencia o emergencia en el país, alguien tiene que tomar una decisión (…) Si quieren desaprobar o aprobar [la norma], háganlo con todas las modificaciones que quieran, pero tomen una decisión rápida”, dijo ayer en el diario Correo.

Asimismo, aclaró que la cuestión de confianza no es una amenaza para el parlamento y, por eso, no declara constantemente en los medios, pues “cada palabra la toman como una presión o intervención”.

En paralelo, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, confirmó que el Ejecutivo no juega con la posibilidad de cerrar el parlamento, sin embargo este domingo solo atinó a exigir que el problema de la Fiscalía “amerita una salida inmediata” en el tema de la declaratoria de emergencia.

“No estamos jugando con el cierre del Congreso. La [cuestión de] confianza es constitucional. Se puede plantear en cualquier circunstancia. Hay que evaluar y en su momento se tomará la determinación”, aseguró a un medio local, refiriéndose si la Junta de Portavoces no exonera la medida de la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución, para que sea debatido de frente en el pleno.

Zeballos defendió su postura como una herramienta que está avalada en la Constitución Política, pero esto no significa que laboren “con una guillotina permanente, sin con transparencia y oportunidad”.

En sesión permanente

La defensa de los fueron institucionales de la Fiscalía de la Nación contra una intromisión política del Ejecutivo ha sido rechazada por los fiscales Frank Almanza, Pedro Gálvez, la Junta de Fiscales de Lima, de Lima Norte, entre otros. Las entidades del Ministerio Pública, además, se han declarado en sesión permanente.

EXIGE EL CONGRESISTA MARCO ARANA

“Se debe priorizar las denuncias de Chávarry”

Un factor que se ha dejado de lado por la crisis interna en el Ministerio Público, son las cuatro denuncias constitucionales que tiene Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y que estarían estancadas.

Ante ello, el parlamentario Marco Arana, del Frente Amplio, puntualizó que hoy su bancada solicitará la renuncia del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), si no muestra su interés en priorizar las denuncias del fiscal de la Nación.

“Vamos a pedir que se amplíe la agenda de la Junta de Portavoces para exigir que el congresista César Segura atienda las acusaciones pendientes contra Chávarry, y si no lo quiere hacer, exigiremos que sea retirado de la comisión. Si no tiene la disposición pediremos su renuncia”, anunció.

El grupo especial del Congreso tiene que evaluar las 4 denuncias, dijo Arana, las cuales son por “carencia de integridad y transparencia, impedimento de fiscalización, presunto favorecimiento irregular”; “por el supuesto delito de promoción, constitución o integración de una organización criminal; “contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias; y “contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, que incluye a ex integrantes de la CNM”.

OPINA EL FISCAL DE LA NACIÓN, PEDRO CHÁVARY

“Fiscal Pérez refleja abuso de autoridad”

“Soy y seré del Ministerio Público. Daré mi vida y todas mis fuerzas por defender nuestra autonomía y la democracia”, finaliza.

Después de que revelaran que Pedro Chávarry fue materia de reglaje por parte de la policía de Inteligencia, tras el allanamiento de la supuesta oficina de su asesor, Juan Manuel Duarte, el fiscal de la Nación arguyó que “[José Domingo] Pérez refleja abuso de autoridad”.

“Esa actitud del fiscal Pérez refleja abuso de autoridad, prevaricato e improvisación porque pese a que se sabía que las oficinas no le pertenecían al asesor Duarte, igual ingresó”, sostuvo Chávarry en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, donde también aclaró que las áreas allanadas serían de los asesores Max Ulises Aranda y Edgar Peralta.

“Lo que me llamó la atención es que existió actividad de inteligencia e infiltración en las oficinas de la Fiscalía de la Nación, por parte de la capitana PNP Jackelin Arana Gonzáles. Tal como quedó evidenciado en el informe de inteligencia que presentó el fiscal [José] Pérez al momento de solicitar el allanamiento”, añadió.

Al final del allanamiento de la presunta oficina de Duarte, que tenía como objetivo probar algún nexo entre Chávarry y Keiko Fujimori, el propio fiscal José Pérez indicó que la máxima autoridad en el Ministerio Público y su asesor fueron materia de reglaje.

“Además, quedó ratificado por la misma agente policial, vía llamada telefónica realizada en el preciso momento de la diligencia, quien admitió el acto de infiltración e inteligencia en nuestras oficinas, dejándose constancia de este hecho en el acta que el propio fiscal Pérez suscribe y refrendado por efectivos de la PNP”, resaltó.

Por último, Chávarry dejó en claro que no dejará el cargo de fiscal de la Nación, aunque  masivas movilizaciones digan lo contrario, y que se aferra al máximo cargo de la Fiscalía.

“Soy y seré del Ministerio Público. Daré mi vida y todas mis fuerzas por defender nuestra autonomía y la democracia”, finalizó.

JUAN C. ÁNGELES / SCARLET REYES  

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