TRAS DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN DEL PERÚ SAT-1

Fiscalía cierra irregularmente caso del satélite

En primera y segunda instancia la Fiscalía archivó la investigación obviando información recabada por la comisión investigadora del Congreso.

Cateriano y otros involucrados en compra de satélite están libres de investigación gracias a la Fiscalía.
  • Fecha Lunes 24 de Diciembre del 2018
  • Fecha 6:20 am




Han pasado casi dos años de haberse iniciado las investigaciones a la gestión del expresidente nacionalista Ollanta Humala Tasso por la presunta compra irregular del sistema satelital Perú SAT-1 a la compañía francesa Airbus Defence & Space, valorizado en S/ 591’661,470.44, y hasta la fecha no hay respuestas claras a la millonaria inversión que presentaría una irreparable falla de origen.

En el año 2016, ya con Pedro Pablo Kuczynski como presidente, el Congreso de la República otorgó facultades investigadoras a la Comisión de Defensa presidida por Luciana León Romero (CPA), para que se indagara sobre supuestos hechos de corrupción en un paquete de compras de equipos militares ejecutados en la administración Humala, entre las que se encontraba la del sistema satelital.

Dado que se veían involucrados altos funcionarios como el mismo presidente de la República y su ministro de Defensa, Pedro Cateriano, así como viceministros y jefes institucionales de las Fuerzas Armadas, dicha comisión debía presentar un informe final para que las responsabilidades halladas pudieran ser utilizadas por la Fiscalía al momento de realizar la denuncia penal correspondiente.

Sin embargo, a la fecha parece ser poca la información que se tiene al respecto en  medio de una disputa política que prosigue en este espinoso tema.

Y es que mientras Pedro Cateriano se aferra en afirmar que no hubo irregularidades en la adquisición del satélite Perú SAT-1, pues así lo habría señalado la Fiscalía, nuevos documentos a los que tuvo acceso EXPRESO probarían un sospechoso archivamiento del caso en dos instancias del Ministerio Público.

COLUSIÓN

De acuerdo con la Disposición Superior Nº 53-2018 de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal superior Escarleth Daysi Laura Escalante, la investigación que se seguía por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible contra la administración pública fue archivada de manera irregular.

Esto, por no haberse recabado los suficientes elementos de convicción que corroboren la denuncia, así como por la falta de personal técnico especializado para la realización de los informes.

“Este Despacho Superior considera que no se han podido recabar elementos suficientes y necesarios que corroboren la concurrencia de los elementos del tipo penal de negociación incompatible, así como del delito de colusión […] debiendo ordenarse el archivo de los actuados ante la falta de elementos que corroboren los hechos materia de denuncia”, sostiene el punto 67 del documento.

Asimismo, más adelante detalla que la fiscal Laura Escalante no consideró necesario exigir la continuación de la investigación y procedió a ratificar el primer archivamiento realizado por la fiscal provincial Rosario Isabel Quico Palomino, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Es decir, el Ministerio Público, que es el órgano encargado de recabar información para corroborar la denuncia realizada, decide cerrar el caso porque no contó con el apoyo de las instituciones correspondientes.

Para el especialista en contrataciones del Estado, César Candela Jara, en la resolución detallada hay gran responsabilidad de los fiscales a cargo de las investigaciones. Y es que fue su responsabilidad indagar a profundidad y solicitar información complementaria para corroborar los hechos.

“Lo mínimo que debería hacer un fiscal es indagar a profundidad para detectar la presunta comisión de faltas o ilícitos penales, pero los documentos que envió la Comisión de Defensa del Congreso no fueron considerados. Tampoco se llamó a todas las partes, en especial a los denunciantes, y mucho menos se investigó durante dos años”, señaló.

COMISIÓN INVESTIGADORA

El grupo de trabajo presentó un informe final en el que recopilaba información y testimonios de todas las partes involucradas, así como documentación que serviría para probar los presuntos hechos de corrupción cometidos.

En dicho informe se cuestiona que, en el Acuerdo Relativo de la Adquisición de un Sistema Satelital Óptico de Observación de la Tierra, se acordó una garantía de calidad y no una garantía solidaria por parte del gobierno francés.

Asimismo, detalla que Francia le transfirió los derechos y obligaciones relacionados con el suministro del sistema satelital al proveedor Airbus Defence & Space; es decir, también la condición de garante.

Sin embargo, el documento de investigación no fue utilizado por la Fiscalía porque la Presidencia del Congreso de la República, en ese entonces a cargo de Luz Salgado Rubianes (FP), “no remitió el informe completo elaborado por la comisión del Congreso sino solo una parte del mismo, que además se encontraba fragmentada, y tampoco se adjuntó el CD con la documentación utilizada para la elaboración del informe final”.

FALLAS DE ORIGEN

Lo que podría agravar la situación es la carta emitida por el director técnico del CNOIS, el coronel FAP Édgard Guevara Contreras, dirigida al jefe institucional de la Agencia Peruana del Espacio, Conida, mayor general FAP Carlos Caballero León, donde le detalla que se están presentando fallas en la calidad técnica de las imágenes debido a errores en la unión de las retinas del satélite.

“Estos errores significan una delicada situación que podría afectar la imagen institucional, debido a que la calidad de las imágenes de Perú SAT-1 se encontraría disminuida respecto a las exceptivas de los usuarios y a las especificaciones técnicas”, se lee.

Detalla que los errores consisten en la no coincidencia en la ubicación de los pixeles a lo largo de la línea de unión de las retinas (lente), lo que estaría provocando rupturas en elementos continuos.

Además, sostiene que el problema se presentó desde la fase operacional del sistema satelital, es decir desde enero de 2017, lo que afecta al 28.75 % de las imágenes recibidas.

En otras palabras, son cerca 45 mil imágenes que contienen errores de fábrica, y recién el 8 de febrero de este año se pone a conocimiento del proveedor.

Por si fuera poco, las fallas ya fueron reportadas a la compañía francesa proveedora del satélite, Airbus Defence & Space, por lo que el pasado octubre enviaron dos expertos al país a evaluar la solicitud; aun así, no pudieron solucionar el complejo problema.

Pese a ello, y probado en la propia misiva de Conida que las fallas son de origen, en lugar de reclamar a la compañía una compensación por daños y perjuicios, proceden a comprarle imágenes al satélite francés SPOT valorizadas en S/ 11’846,000.

FACTOR CATERIANO

Para Candela Jara, tanto la Comisión de Defensa como el Ministerio Público deberían reabrir las investigaciones con la finalidad de conocer los pormenores de la negociación que se realizó, ya que de comprobarse que fue una compra inadecuada e ineficiente se estaría hablando de una serie de ilícitos que pueden ameritar sanción política, constitucional y penal.

Señala que en las indagaciones se tienen que incluir a todos los que participaron en el proceso de compra y negociación del Perú SAT-1; sin embargo, destacó que principalmente recaería en Ollanta Humala, como jefe del Estado, y Pedro Cateriano, como ministro de Defensa de ese entonces.

“El responsable político y de todo lo que pasa en un sector es el titular de la entidad, en este caso por supuesto sería el señor Pedro Cateriano. A pesar de que esta adquisición no se dio en el marco de la ley de contrataciones, no se puede dejar de deslindar responsabilidad por el alto cargo que ejercía y más cuando se trata de cerca de 600 millones de soles”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que muchos de los documentos están clasificados como “secreto militar”, por lo que se debería evaluar si la compra calificaba dentro de lo dispuesto en el decreto supremo, para ser declarada como tal.

“Acá hay una defraudación a la población total a la población porque nos hicieron creer una cosa y resultó que ahora vemos otra. Hay mucha especulación que no se ha aclarado y se trata de cubrir en una nebulosa política para que no se aprecie que no fue la mejor compra para el país”, agregó.

¿Y OLLANTA HUMALA?

La resolución de la Fiscalía Superior detalla que por el mismo tema, el expresidente Ollanta Humala y el exministro Pedro Cateriano ya fueron investigados por el fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez Velarde, dado que se trata de un alto funcionario del Estado; no obstante el documento no detalla mayor información al respecto.

27 de febrero de 2018

En esta fecha se publica en diario oficial El Peruano que en menos de un año ya se habría recuperado la inversión hecha en el satélite peruano. Esta afirmación contradice el estudio realizado por Conida en el que indicaba que recién en 13 años se recuperaría la inversión.

UN CONTRATO A DEDO

Otro de los cuestionamientos planteados por el especialista en contrataciones del Estado, César Candela, es el acuerdo de “Gobierno a Gobierno” con el que fue adquirido el satélite, pues cuando se hace una compra similar, el procedimiento ideal es convocar a una licitación internacional donde se analice la propuesta de varios postores.

“Cualquier entidad pública que quiere construir o comprar un bien debe hacerlo con el respaldo de la ley de contrataciones del Estado, pero lo que ellos hicieron es armar una escenografía perfecta que no esté sujeta a una observación de carácter legal con el acuerdo de gobierno a gobierno con Francia”, indicó.

También precisó que al tratarse de una compra directamente al gobierno de francés, no tendría que haberse involucrado a la compañía Airbus Defence & Space, y mucho menos realizarse la transferencia del valor del satélite directamente a una de sus cuentas.

MAYOR GENERAL FAP CARLOS CABALLERO:

“La falla está en una computadora”

Cabe precisar que el jefe de Conida, mayor general FAP Carlos Caballero León, explicó dónde se encontraría el inconveniente según su institución, durante su participación en la Comisión de Defensa del Congreso de la República.

“Quiero descartar la existencia de una falla grave en el satélite, como dijeron unos medios. Tenemos un control diario del equipo espacial y está operativo en sus parámetros nominales. Lo que sí hemos encontrado es un evento técnico en una computadora de la base de Pucusana, no una falla porque eso implica que hubiera dejado de funcionar”, detalló.

Asimismo, comentó que en febrero de 2018 se detectó el problema, motivando que se comuniquen con la empresa desarrolladora, Airbus, la cual deberá asumir la responsabilidad por la garantía que existe hasta el 2020.

“Este inconveniente no ha impedido brindar atención y los usuarios no lo han reportado porque es mínima. El satélite nunca dejó de funcionar en los dos años en órbita”, concluyó.

SCARLET REYES VERÁSTEGUI

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