Fiscalía y PNP entran en contradicciones
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Al verse expuestos, tanto la Policía Nacional como el Distrito Fiscal del Callao, aceptaron los hechos denunciados, pero responsabilizaron al juez Renzo Arturo Subiria Ruiz de haber ordenado que 40 efectivos del Escuadrón Verde, el Escuadrón de Emergencias y Águilas Negras allanen el domicilio de la editora de Política de EXPRESO, María Teresa García.

La PNP pretendió desmentir que el allanamiento haya sido “ilegal”, término que en ningún momento fue usado por nosotros, pero precisaron que fue por orden del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio del Callao.

En este punto, el comunicado incurre en una falsedad: “con la finalidad de incautar las cámaras de vigilancia existentes”. El operativo fue para obtener las imágenes grabadas de un asalto cerca de allí, y no las cámaras en sí, como confirmó el Ministerio Público.

En otro momento, los funcionarios del sector que dirige el ministro Carlos Morán, acusan a la periodista de haberse negado en tres oportunidades a entregar los videos, sin mencionar que ella nunca había sido notificada formalmente para ello.

Es más, acusan a su familia de haberse negado a entregar la información, así como a acudir a las supuestas citaciones que les habían hecho. Ella vive con su madre adulta mayor, algo que no parece importarle a quienes redactaron este comunicado.

No existen documentos de que se haya recibido, y menos firmado el cargo, de notificación alguna. Esta misma actitud se dio cuando fiscales y policías terminaban el allanamiento, ya que también se negaron a dejarle una copia de la autorización de este a García Valenzuela.

Respecto a los 40 efectivos presentes en la diligencia, indicaron que fue un número “proporcional y conforme a ley, acorde a la zona, considerada de alta incidencia delictiva por las autoridades competentes”.

POR: CÉSAR ROJAS

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