García Belaunde denuncia a grupo que se hará cargo del gasoducto del sur

“Fondo Brookfield está vinculado a Odebrecht”

  • Fecha Domingo 25 de Diciembre del 2016
  • Fecha 12:00 am



Obras públicas a cargo de empresa carioca  superaron los $ 12,534 millones

-Integrante de la comisión Lava Jato afirma que en el Ejecutivo están enterados del vínculo pero se hacen los suecos.

-El contrato del Gasoducto Peruano del Sur debería anularse porque la constructora brasileña ha aceptado que es corrupta.

-Es increíble que el Gobierno en vez de preocuparse en destrabar esta red mafiosa, quiera continuar con la obra.

El legislador Víctor Andrés García Belaunde (AP), integrante de la Comisión Lava Jato, denunció que el fondo canadiense Brookfield Asset Management está vinculado a la empresa Odebrecht, situación que es conocida por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien en vez de anular el contrato del proyecto Gaseoducto Sur Peruano (GSP), se ha convertido en “cómplice de la corrupción”.

“El grupo canadiense tiene fondos brasileños, es canadiense pero con fondos de origen brasileño de una empresa vinculada a Odebrecht, así que estamos hablando de la misma cosa, de la misma porquería y el Gobierno, en vez de anular el contrato (del Gaseoducto Sur Peruano) quiere encubrir la corrupción”, sostuvo el acciopopulista.

Es preciso mencionar que el ministro de Economía, Alfredo Thorne, reveló que el fondo de inversión canadiense Brookfield cerró la compra del paquete de acciones de Odebrecht del proyecto Gaseoducto Sur Peruano (GSP), sin embargo no dio mayores detalles salvo que había aceptado la cláusula referida a la anticorrupción.

Increíble

Al ser consultado por las razones que motivan al presidente Kuczynski y a su ministro Thorne a aceptar la compra de las acciones de este y otros proyectos de Odebrecht, a pesar de conocer que Brookfield está vinculado a fondos brasileños, García Belaunde contestó que el Gobierno tiene intereses creados.

“Acá hay intereses que afectan directamente a este gobierno y es por eso que quieren encubrir estos hechos y continuar con las obras. Es increíble que el Gobierno en vez de preocuparse en destrabar esta red mafiosa de corrupción, lo que quiere hacer es continuar con la obra”, enfatizó el legislador en referencia al GSP.

Explicó que si quisiera, el Gobierno puede anular el contrato ahora que la empresa brasileña Odebrecht ha reconocido que es corrupta y con ello liberar a la población del gasto que tendrá que realizar para solventar el proyecto del Gaseoducto.

“Este contrato debería anularse. Empezó costando más de $ 800 millones de dólares y hoy está en más de 7 mil y es una empresa que ha aceptado ser corrupta, entonces  ¿qué más prueba que esa?”, se interrogó García Belaunde.

“El Estado debería anular el contrato del Gaseoducto porque hay un delito de origen. Incluso se puede multar a la empresa como se ha hecho en Estados Unidos por corrupta y expulsarla y juzgar a sus funcionarios”, agregó.

Cabe indicar que hace unos días, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) señaló que a su juicio, no todos en la brasileña Odebrecht son culpables: “Algunos directivos que son los culpables, ellos sí deben estar expulsados (del país)”, indicó.

Al respecto, el ex presidente de la primera Comisión “Lava Jato”, Juan Pari, pidió al mandatario que se rectifique de esas declaraciones al no dar una buena señal.

“Odebrecht asumió corporativamente su responsabilidad, por eso están sus directivos en delación premiada. Entonces, decir eso en el país, y por parte del presidente, no me parece correcto. Espero que sea un desliz, una ligereza, que lo aclare y diga que las cosas se deben investigar y que Odebrecht tiene una responsabilidad corporativa”, subrayó.

Investigación congresal

Víctor Andrés García Belaunde defendió los fueros del Parlamento Nacional ante quienes señalan –como el ex  procurador José Ugaz y el ex fiscal supremo Avelino Guillén-  que el Congreso de la República no debe investigar las coimas que habrían pagado las empresas brasileñas debido a que politizarían el tema en vez de dejarlo en manos de la justicia peruana.

“El Poder Judicial (PJ) hace su trabajo, pero hay consecuencias políticas y hay políticos metidos y hasta autoridades metidas, estamos hablando de un cártel muy grande, donde intervienen periodistas, empresarios, políticos, probablemente jueces, por lo tanto la investigación parlamentaria va a aumentar bastante más y va a tener elementos para acusar a ministros o a presidentes, con ámbitos diferentes”, indicó.

Impedir venta

Por su parte, el parlamentario andino Rolando Souza advirtió que el Gobierno no debe permitir que ninguna de las empresas que se encuentran siendo investigadas por el presunto pago de coimas en el Perú vendan sus acciones a otras compañías.

“El Estado no debe dar pase a ninguna otra venta de Odebrecht o de OAS y Camargo y Correa, en este momento se debe paralizar cualquier transferencia”, indicó el jurista y exlegislador.

Souza afirmó que el Estado tiene que tomar una posición frente a la continuidad de las obras que tiene Odebrecht y de las han sido transferidas por la empresa carioca al haber sido sobrevaluadas.

“Respecto a la continuidad de las obras y al monto por el cual se licitaron y respecto a la sobrevaloración que hay, sin duda alguna tenemos que tomar una posición. No se pueden continuar las obras de la forma como se han sobrevaluado porque eso implica que el Estado va a pagar una cuantiosa deuda dentro de muy poco”, añadió.

Procurador Ad Hoc

Rolando Souza, ex presidente de la Comisión de Justicia, propuso el nombramiento de una Procuraduría Ad Hoc para los casos de corrupción de las empresas brasileñas, así como recomendó pedir de forma cautelar la documentación contable de dichas compañías con respecto a las obras que tienen a su cargo en el Perú.

“Se debe nombrar un procurador que tenga consenso en el sistema político peruano, y que no haya trabajado para las empresas brasileñas, es decir, una Procuraduría Ad Hoc no sólo para el tema de Odebrecht sino para el de todas las empresas brasileñas que han trabajado en nuestro país”, indicó.

Ello debido a que el pool de fiscales que están investigando el caso Lava Jato en el Perú, no tienen los recursos económicos suficientes como para efectuar una indagación que destape toda la corrupción y los que cayeron en esta, sostuvo.

“Si esto no sucede, no se puede garantizar que no solo los culpables directos sino aquellos indirectos, es decir, los árbitros, los estudios de abogados, incluso los medios que se han enriquecido, puedan salir a la luz y hacer una depuración de todas estas personas. Creo que la creación de una procuraduría ad hoc se impone de forma inmediata”, enfatizó.

María Teresa García








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