Formalizan denuncia constitucional ante Ministerio Público contra 79 congresistas
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El ciudadano Guillermo Olivera Díaz formalizó una denuncia constitucional ante el Ministerio Público contra 79 congresistas de la República por los delitos de abuso de autoridad y banda criminal, así como infracciones contra la Carta Magna. En específico, contra aquellos que votaron a favor de regular la cuestión de confianza.

Según el oficio, los congresistas integraron un “concurso real de ilícitos penales y diversas infracciones constitucionales”. “Los congresistas transgresores, el día 20-10-2021, aprobaron por insistencia la Ley 31355 (que regula la cuestión de confianza), que fue observada por el presidente Pedro Castillo Terrones”, explicó.

Para el demandante, aunque con la aprobación por insistencia de la ley habría inviolabilidad o Indemnidad, a los congresistas solo les alcanza el llamado antejuicio político.

“Además, cuando los delitos imputados configuran un concurso real en tiempo y lugar diferentes la legítima sumatoria de sanciones es igual al doble de pena del delito más grave, o sea 16 años de pena privativa de la libertad para cada congresista denunciado”, agregó.

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La norma modificada señala en su artículo único que “la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo”.

“Ellas están relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno, no encontrándose, entre ellos, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos”.

Así mismo, una disposición complementaria final precisa que “la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo, mediante oficio, para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de la votación”. 

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