Gobierno de Dina Boluarte defiende juzgamiento de miembros de FF.AA. y PNP exclusivamente en fuero militar-policial
El premier menciona que la legislación actual no brinda la protección suficiente para los efectivos.
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El gobierno de Dina Boluarte reafirmó su apoyo a una iniciativa que busca que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), que operen en situaciones de emergencia, sean juzgados exclusivamente por el fuero militar-policial.
El respaldo a esta propuesta se formalizó en una conferencia de prensa ejecutada por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien detalló que el Ejecutivo está ultimando los aspectos finales del proyecto de reforma constitucional que será presentado al Congreso en las próximas semanas.
En ese sentido, explicó que la reforma tiene como objetivo establecer que los miembros de la PNP y las FF.AA. que hagan uso de sus armas de fuego de manera reglamentaria, en el marco de un estado de emergencia, serán exclusivamente sometidos al fuero militar-policial.
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"Estamos trabajando en una ley de reforma constitucional para que estos efectivos sean juzgados únicamente en el fuero militar-policial, siempre que el uso de armas haya sido autorizado y conforme a los protocolos", declaró el premier.
El Gobierno argumentó que esta medida es necesaria para proteger a los agentes del orden que enfrentan amenazas de criminalidad organizada y para garantizar que cuenten con un marco legal que los respalde en el ejercicio de la fuerza.
"La legislación actual no brinda la protección suficiente para nuestros efectivos, que enfrentan diariamente situaciones de gran riesgo", comentó Adrianzén.
Sin embargo, la propuesta generó controversia, puesto que se señala que podría limitar la supervisión externa de los actos de los policías y militares.
Según Gustavo Adrianzén, si la Inspectoría General determina que el uso de las armas no fue reglamentario, el caso será remitido a la justicia ordinaria, es decir, al Ministerio Público, para que continúe con el proceso legal correspondiente.
Para que la reforma se haga efectiva, el Ejecutivo deberá remitir el paquete legislativo al Congreso, donde se debatirá y decidirá sobre su aprobación.
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