Gobierno infringe atribuciones exclusivas del Congreso, sostiene Enrique Ghersi

Legislativo podría recurrir al Tribunal Constitucional por "conflicto competencial" y así, defender independencia de poderes.

FOTOGRAFÍA: EDGAR MACHACA / EXPRESO.
  • Fecha Viernes 31 de Mayo del 2019
  • Fecha 9:23 am



Una nueva controversia se ha erigido en las últimas horas y esta es correspondiente a la admisibilidad de la cuestión de confianza. ¿Por qué? Por qué el premier Salvador del Solar, mediante el oficio entregado al Congreso, condiciona que si los proyectos de reforma constitucional no son debatidos y aprobados antes de finalizar la presente legislatura, considerará como “rehusada” la confianza.

¿Puede el Ejecutivo forzar al Parlamento a trabajar una serie de proyectos en un plazo determinado? ¿Qué pasaría si no se aprueban todos los proyectos o si estos son modificados desacatando así el pedido del premier de no “desnaturalizarlos”? ¿Debe admitir a trámite el pedido de cuestión de confianza?

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El pedido de cuestión de confianza contiene infracciones a la Constitución, dijo el abogado Enrique Ghersi en conversación con EXPRESO.  Sostuvo, de manera específica, que el Ejecutivo vulnera las competencias del Legislativo al colocar condiciones en los últimos párrafos del petitorio.

Últimos dos párrafos del pedido de cuestión de confianza establece requisitos de trabajo al Congreso.

 

“El premier le ha puesto plazo al Congreso y eso no es posible. No es posible que un poder del Estado imponga el tiempo de trabajo a otro. Esto configura un conflicto competencial porque el Ejecutivo ha entrado a violar o infringir atribuciones exclusivas del Parlamento”, explicó Ghersi.

Si el Ejecutivo califica de “rehusada” la confianza en caso el Congreso modifique por completo los proyectos de la reforma, dice el abogado Ghersi que sería una medida “inconstitucional porque la confianza no se presume. La confianza es una votación. El Poder Ejecutivo no puede presumir nada ni interpretar nada después de que la confianza haya o no haya sido dada. Se trata de una votación, es decir, de un tema objetivo. Si, a pesar de eso, el gobierno actúa como si la confianza no le hubiera sido dada, estaría incurriendo en una infracción que debe ser resuelta en arbitraje por el Tribunal Constitucional”.

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Explicó, también, que el Parlamento está en la obligación de admitir cualquier pedido de cuestión de confianza, toda vez que esta no sea por observar una reforma a la Carta Magna. En este caso, indicó, el artículo n° 206 estipula que “la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República”. Si fuera el caso, “se genera una crisis que deberá ser resuelta por el TC porque claramente el presidente no puede solicitar una cuestión de confianza por asuntos que están fuera de sus competencias. El Congreso podría impugnar el pedido de cuestión de confianza a través de una demanda ante el TC por “conflicto competencial”.

Una apreciación similar tuvo anoche el presidente del TC, Ernesto Blume, quien señaló que el dignatario no puede cuestionar directamente un proceso de reforma a la Constitución. “No puede el presidente de la República cuestionar directamente la Constitución y cuando el Congreso dicta una ley de reforma, no está dictando una ley cualquiera, está dictando una ley que tiene rango constitucional. Cuando ejerce esa competencia de modificar la Constitución, se convierte en legislador constituyente y deja de ser legislador constituido”, refirió.

POR: FRANCO MORI PETROVICH

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