Gobierno observó ley sobre colegio de politólogos

Ejecutivo cuestionó que el proyecto de ley busque "obligar" al profesional a colegiarse.

  • Fecha Miércoles 12 de Junio del 2019
  • Fecha 9:22 am



El Gobierno observó la autógrafa que plantea la creación del colegio de politólogos. Como se recuerda, la iniciativa fue aprobada en el pleno del Congreso el 15 de mayo pasado por un proyecto planteado por el congresista Miguel Elías Ávalos, de la bancada Fuerza Popular. En un oficio de fecha 11 de junio suscrito por el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Salvador del Solar, el primer apunte hace mención al carácter “restrictivo” de la medida.

“Se tiene que el artículo 2 de la autógrafa establece que la colegiación es un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de licenciado en ciencia política, lo cual constituiría un requisito de carácter inconstitucional”, dice el documento.

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“El artículo 20 de la Constitución establece que mediante ley se puede establecer los casos en que la colegiación es obligatoria […] Se debe exigir al legislador el sustento que justifique la necesidad que en determinadas carreras profesionales la colegiación sea una conditio sine qua non para el ejercicio regular”, agrega.

En este sentido, el Ejecutivo considera que la iniciativa legislativa no sustenta el sentido de la obligatoriedad, razón por la cual se estaría afectando el artículo 26 de la Constitución que refiere que “en la relación laboral se respeta la igualdad de oportunidades sin discriminación”.

“La autógrafa genera barreras de entrada para el ejercicio de la profesión, encareciendo a los proveedores (servicios profesionales de los politólogos) la posibilidad de participar en el mercado”, sustenta la observación.

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En tanto,  se cuestiona también que la propuesta atenta contra la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento, a causa de que esta sostiene en su exposición de motivos lo siguiente: “Los profesionales en ciencia política se desempeñan en el mercado laboral […] Son analistas de empresas privadas nacionales o internacionales”.

“Se puede advertir que, en ese aspecto, la cuestionada ley podría vulnerar directamente el derecho a la libertad de opinión, toda vez que limita a los actores políticos y sociales -no profesionales en ciencia política– a brindar un análisis u opinión de un tema de realidad política”, expone el apunte.

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