Gobierno reacciona ante informe de Amnistía Internacional sobre Dina Boluarte
El Poder Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó el informe calificándolo de "indebido" y con "sesgo político".
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Gustavo Adrianzén, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), rechazó enérgicamente el informe de Amnistía Internacional (AI) que sugiere una posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte en las muertes de manifestantes durante las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023.
El titular de la PCM expresó el desacuerdo del Ejecutivo con las conclusiones del documento, calificándolas de "indebidas y absolutamente inconsecuentes".
Adrianzén afirmó que el informe de AI "ratifica el sesgo político" de anteriores documentos de la organización, recordando un informe previo que habló de "racismo letal". "No aceptamos que se siga instrumentalizando esos hechos con fines políticos y, cuando no, económicos", añadió el titular del gabinete de Dina Boluarte.
El informe de AI sostuvo que Boluarte podría haber cambiado de táctica para evitar más fallecidos, pero no lo hizo, lo cual podría conllevar responsabilidades penales individuales.
Madeleine Penman, investigadora para América del Sur de AI Américas, declaró que "Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y, no hacer suficiente para parar más muertes, podría conllevar responsabilidades penales individuales".
Según AI, Boluarte se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas, lo que le dio "múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno".
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Además, el informe señaló que la presidenta "desoyó informes de inteligencia afirmando que personas que se manifestaban no tenían vínculos terroristas" y que el despliegue de las Fuerzas Armadas no estaba justificado.
La organización también afirmó que las decisiones y omisiones de Boluarte durante las protestas podrían hacerla responsable mediata de las violaciones de derechos humanos ocurridas. AI basó su análisis en conceptos de la Corte Suprema de Perú, fallos del año 2009 y el derecho penal del país, concluyendo que se cumplen los requisitos para comprobar la autoría mediata de Boluarte.
El informe también destacó que Boluarte presidió 29 reuniones del Consejo de Ministros durante los tres meses de protestas, sin aprovechar la oportunidad para pedir cambios de táctica, y haciendo énfasis en proteger la propiedad mientras estigmatizaba a los manifestantes.
AI afirmó no haber encontrado pruebas que vinculen a las víctimas con organizaciones criminales o terroristas, señalando que las declaraciones de Boluarte habilitaron a las fuerzas de seguridad para cometer actos ilegales.
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