Gobierno responde a Amnistía Internacional: «En Perú no existe política de violación de derechos humanos»

Rechaza que se intente catalogar el actuar de las fuerzas del orden como 'racista'.

Diario expreso - Gobierno responde a Amnistía Internacional: «En Perú no existe política de violación de derechos humanos»
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El gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), respondió en un extenso comunicado a la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, por su informe sobre la situación política y social del Perú.

Primero, resaltaron el diálogo del pasado 15 de febrero, entre la mandataria y los representantes de Amnistía Internacional, ocasión en la cual, entre otros, se ratificó el compromiso del Estado peruano para proteger el derecho a la protesta pacífica, diferenciándola de aquellos actos violentos orientados a afectar el orden constitucional y el Estado de derecho.

Allí se lamentó la pérdida de vidas humanas ocurrida en el marco de las protestas y actos vandálicos desde el 7 de diciembre de 2022. Po ello, el Gobierno se mostró categórico en afirmar que “en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un ‘racismo sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades”, tal como lo acusa AI en su informe.

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“En el contexto de las protestas y del estado de emergencia, las acciones emprendidas desde el Ejecutivo para restablecer el orden se han enmarcado en lo dispuesto en la Constitución, las leyes de la República y los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte”, agregó.

Según explican, la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se desempeñan de manera profesional a pesar de la compleja situación por la que atraviesa el país, buscando evitar en todo momento el costo social, así como un uso desproporcionado de la fuerza, realizando acciones no solo para preservar el orden e integridad de las personas y bienes estratégicos sino también para recuperar, por ejemplo, carreteras bloqueadas.

Ejecutivo se muestra a disposición del Ministerio Público

Por ello, el Ejecutivo está brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida, como también a la propiedad pública y privada en los últimos meses.

“Corresponderá a las autoridades competentes, luego de conocido el resultado de las investigaciones, procesar y sancionar conforme a la normatividad aplicable. Todas las investigaciones se vienen desarrollando en el fuero civil”, precisó el Ministerio de Justicia.

En la misiva se refieren a que, en el mes de diciembre, se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para el seguimiento de las acciones a favor de los deudos de las personas fallecidas y de las personas que sufrieron lesiones graves durante las movilizaciones.

Comisión multisectorial invitó a CIDH y ONU

En esta Comisión participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el Perú y el Consejo Interreligioso del Perú. Como primer logro, se entregará un apoyo solidario de S/ 50,000 soles por cada persona fallecida, y S/ 25,000 soles a los heridos de gravedad, civiles y policías que hayan quedado con alguna secuela.

“Actuando con total transparencia, se extendió una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a fin de que puedan realizar una visita al país. En tal sentido, entre el 11 y 13 de enero pasado tuvo lugar la visita de la CIDH, la misma que estuvo precedida de una misión técnica en el mes de diciembre y, los días 19 y 20 de enero, tuvo lugar la visita del señor Christian Salazar, enviado especial del ACNUDH”, añadió.

Así, el Gobierno peruano reafirmó la lucha contra la discriminación, catalogándolo como uno de sus mayores desafíos, ya que la misma se encuentra arraigada en la sociedad y ha contribuido a acentuar las brechas de desigualdad.

“Desde el inicio de las protestas, el Ejecutivo ha mantenido una posición dialogante con todos los sectores de la sociedad, disponiéndose inmediatamente el viaje de los ministros a las zonas de mayor conflictividad con el fin de entablar un diálogo constructivo con los representantes de las comunidades afectadas y conocer de manera directa sus demandas, algunas de las cuales sobrepasan el ámbito social. A la fecha, se han instalado ocho mesas de diálogo, paz y gobernabilidad en las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica y Huánuco”, sostuvo el Minjus.

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También, ratificó su compromiso con el derecho a la defensa de las personas que participan en las movilizaciones sociales: “Se ha brindado 115 atenciones a familiares de personas fallecidas y heridas en las movilizaciones en todo el país; así como atenciones legales a 432 personas detenidas, y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura se ha contado con traductores en quechua, aymara y asháninka, atendiendo bajo un enfoque plurilingüe”.

Durante el mes de diciembre, como parte de sus funciones cotidianas, la Defensa Pública brindó 20,800 consultas y 5,907 patrocinios, a través del servicio de asistencia legal y defensa de víctimas. Desde el servicio de defensa penal pública, entretanto, durante diciembre, se brindaron 18,679 consultas y 11,632 patrocinios.

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