Gobierno y congresista Glave buscan amedrentar a EXPRESO
Antonio Ramírez, director de EXPRESO, rechazó eventuales medidas restrictivas contra la prensa.
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La Fiscal Evelyne Ramos solicitó al Poder Judicial que en la denuncia por acoso contra un reportero del portal ‘Manifiesto’, y que no labora en esta casa editora, se evalúen «medidas restrictivas» contra EXPRESO. Burda maniobra que no resiste ni la legislación nacional ni menos la jurisprudencia supranacional en materia de libertad de expresión.

La querella por acoso que involucra al periodista César Rojas Vidarte, y que fue interpuesta tanto por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano como por la congresista de izquierdas Marisa Glave Remy, pretendió ser utilizada para limitar el trabajo periodístico de este diario sin que exista alguna razón alguna para ello.

Y es que según pudimos constatar, la fiscal Evelyne Milagros Ramos Mauricio, titular de la 50 Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, recibió una manifestación de Glave Remy plagada de inexactitudes, pretendiendo vincular a esta casa editora en los cargos de presunto delito de acoso, pese a que el periodista denunciado no trabaja en nuestra casa editora desde hace varios años

«Este señor [César Rojas] publica esas cosas en Expreso y en el portal Manifiesto» y «el diario Expreso tiene 17 publicaciones con fotos sexistas», son algunas de las falsedades que se estaban metiendo de contrabando en la carpeta fiscal, acusándonos de una supuesta invasión de su vida privada por publicar la fotografía de la legisladora en un exclusivo club de playa.

Glave incluso le pidió a la fiscal Ramos Mauricio que se cite a Antonio Ramírez, director de EXPRESO, y que «se deberá solicitar explicar si César Rojas Vidarte o la empresa Communicatio SAC son remunerados por el diario Expreso o si César Rojas Vidarte es autor de las notas denigrantes publicadas por el medio», cita el expediente, como si este diario tuviera que responder por actos ajenos.

Lo más grave es que, a raíz de estas elucubraciones, la citada fiscal haya pretendido que el Poder Judicial dicte «medidas restrictivas» para evitar que la congresista pueda tener contacto con periodistas de EXPRESO, lo que en la práctica buscaba que nuestros redactores sean impedidos de entrar al Congreso porque Glave lo señala como su «centro de trabajo».

Todo lo anteriormente expuesto consta en el documento enviado el 18 de enero al juez de Familia de turno, para que «actúe conforme a sus atribuciones».

¿Cómo es que una magistrada del Ministerio Público mezcla acusaciones contra un periodista de otro medio, con supuestos cargos contra EXPRESO, y encima pide al Poder Judicial que tome medidas restrictivas en ese sentido?

Estas incoherencias de la congresista Marisa Glave, avaladas por la integrante del Ministerio Público, fueron rechazadas por el juez Erick Veramendi, del Primer Juzgado de Familia de Lima, en su resolución del 31 de enero.

«(2) Improcedente las medidas de protección respecto del diario EXPRESO», se señala en sus conclusiones, ya que se determinó que todas las fotografías de la parlamentaria son públicas «por lo que no calificamos como hecho de violencia contra la mujer las fotografías tomadas, extremo sobre el cual se declara improcedente la denuncia», señala la resolución.

¿Hay apoyo del Gobierno?

Alertamos a la opinión pública y a los organismos nacionales e internacionales sobre este hecho, donde una fiscal accede totalmente al pedido de una congresista de solicitar restricciones contra medios de comunicación, y programándole todas sus diligencias con una rapidez que ya quisiera cualquier peruano de a pie. ¿O es que hay apoyo político de Palacio de Gobierno?, se preguntan quienes conocen el tema.

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