Histórica multa de Sunafil al Congreso por despedir a trabajadora embarazada

Hecho destapó prácticas laborales reprochables en el ámbito político.

Diario expreso - Histórica multa de Sunafil al Congreso por despedir a trabajadora embarazada

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) impuso una histórica multa de 500,000 soles en contra el Congreso de la República del Perú, por discriminación y hostigamiento laboral contra una trabajadora en estado de gestación. Este hecho generó conmoción y destapó prácticas laborales repudiables en el ámbito político.

El caso tiene como protagonista a Emily Silva Ugarte, una trabajadora que denunció al congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial, acusándolo de haberla despedido en mayo pasado, argumentando la supuesta negativa de aceptar un recorte salarial.

Silva Ugarte desempeñaba el rol de asesora del parlamentario y se encontraba a tan solo 29 semanas de embarazo. El despido fue el 26 de julio, privó a la trabajadora de todos sus beneficios y seguro médico en un momento crítico, cuando se aproximaba la fecha de dar a luz.

La denuncia de la trabajadora no solo apuntó contra el congresista Edgar Tello, sino también contra la gestión de José Williams, alegando que el legislador le exigía dinero para la compra de un proyector valorizado en S/ 4,600, además de solicitar una porción mensual de su remuneración.

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Tras una investigación de seis meses, la Sunafil determinó que el Congreso de la República cometió tres faltas muy graves y dos graves, relacionadas con hostilidad, maltrato, degradación del puesto y puesta en riesgo de la salud de la gestante y su hijo.

Como consecuencia, se impuso una multa de 500,000 soles, marcando un precedente en la historia de sanciones a instituciones gubernamentales por violaciones laborales.

El 3 de agosto pasado, como parte de la resolución de Sunafil, Silva Ugarte fue repuesta en el departamento de comisiones del Parlamento con un contrato de tres meses y un sueldo correspondiente al período de prueba. No obstante, una vez vencido el contrato el 31 de octubre, fue trasladada al sótano del Congreso para desempeñar tareas ajenas a su función original de asesora.

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