Hugo Guerra: se pretende sentenciar a periodista por decir la verdad

Grupo Plural TV denunció a comunicador por llamar 'basura' al programa 'Cuarto Poder'.

Por Alfredo Vignolo

En agosto de 2018 la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (Grupo Plural TV, conformado por el Grupo El Comercio con el 70% y La República con el 30%, para el manejo y la administración de América Televisión y Canal N) demandó por el delito de difamación agravada a Hugo Guerra Arteaga por tildar de “basura” al programa periodístico “Cuarto Poder” y denominarlo “poder de cuarta” en las redes sociales.

El caso se tramita en el 39º Juzgado Penal de Lima, a cargo de la jueza Judith Villavicencio Olarte, la cual el 10 de septiembre de 2018 admitió a trámite la demanda y ordenó comparecencia simple para el periodista. Guerra rindió su declaración instructiva el 28 de enero de 2020 y se ha señalado fecha para el Informe Oral para este martes 25 de enero.

ANTECEDENTES

Hugo Guerra no niega la publicación y sostiene que se dieron en un contexto en el cual se produjo la confrontación directamente con el programa “Cuarto Poder”: “A una semana de producirse la segunda vuelta electoral presidencial en junio de 2016 ‘Cuarto Poder’ publicó un informe según el cual la entonces candidata Keiko Fujimori habría lavado US$ 15 millones a través de su asistente de campaña Joaquín Ramírez, según investigación de la DEA”.

Desde el programa “Las cosas como son”, que se transmitía por Panamericana Televisión, en calidad de panelista, Guerra opinó que la denuncia era grave, que debía ser remitida a la fiscalía, pero que basado en su amplia experiencia periodística, lo informado por ‘Cuarto Poder’, más que informe periodístico tenía todos los visos de un ‘operativo político’ para hacer ganar electoralmente al candidato Pedro Pablo Kuckzynski.

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Esta opinión la publicó en El Comercio, lo que originó su despido, y la reiteró en sus redes sociales.

DIFAMACIÓN AGRAVADA VERSUS OPINIÓN

El delito contra el honor-difamación agravada, se encuentra previsto en el primer párrafo, concordado con el tercer párrafo, ambos del artículo 132 del Código Penal, que señala “El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación (…) Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de 120 a 365 días-multa”.

El bien jurídico protegido que se tutela es el honor, entendido como el valor que otros realizan de nuestra personalidad ético-social, representado por la apreciación o estimación de nuestros valores y cualidades morales, debiendo estar valorado dentro del contexto situacional en el que se ubica el sujeto activo como el sujeto pasivo.

También, este delito implica una imputación falsa de hechos atribuidos. Esto no solo debe causar daño moral, sino que debe existir además de parte del querellado, la clara intención de perjudicar al ofendido. La opinión se entiende como la idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien.

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Emitir una opinión es un derecho a la libertad de expresión, protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 19 señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Asimismo, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha desarrollado una amplia doctrina y jurisprudencia sobre lo que envuelve a este derecho, sobre todo por la triple función que tiene la libertad de expresión: es el derecho a pensar por cuenta propia pero también el derecho a compartir sentimientos e ideas sin ningún tipo de discriminación; es clave para el ejercicio de otros derechos y es piedra angular de la democracia, pues para conformar una sociedad libre y democrática es necesario que esta esté suficientemente informada.

Inclusive la Constitución Política, en su artículo 2do., señala: “Toda persona tiene derecho:”, inciso 2. “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

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