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INDOLENCIA FATAL, por Ántero Flores-Aráoz

INDOLENCIA FATAL, por Ántero Flores-Aráoz
(Foto: Edgard Vizcardo/EXPRESO)
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Ciertamente las vacunas para evitar contagios del virus COVID 19 y de sus mutaciones, de ser el caso, requieren de la atención prioritaria del Estado, pero bien podría sumarse a ello la acción del sector privado, como muchos venimos reclamando y que regularmente ha demostrado mayor eficiencia que el sector público.

Es evidente que por un lado está la prevención, a que se refiere el párrafo anterior, pero hay otro aspecto no menos relevante que es la atención de los ya contagiados, cuya vida está en peligro.

Ha pasado un año desde que el Estado Peruano tomó cartas en el asunto, pero lamentablemente sin la efectividad que la situación requería e incluso, algunas veces con erráticas decisiones.

Se sabía por experiencia en otras latitudes, que venía una segunda ola de la pandemia, en que se requerirían más camas hospitalarias regulares, más camas UCI, más oxígeno medicinal y plantas para su elaboración, pero el Estado quedó paralizado y no hizo lo adecuado, que era mandar a confeccionar lo necesario o importarlo con prontitud.

Hoy tenemos que lamentar la ineficiencia estatal, pero no solamente de sus altas esferas, sino porque quienes ejecutan las órdenes o proyectan las acciones, no lo hacen razonablemente y demuestran indolencia, la que francamente tiene consecuencias fatales como lo estamos viendo con tanta pérdida de valiosas vidas.

Tenemos que tener muy claro que las disposiciones legales regulares, son para tiempos de normalidad, pero cuando hay situaciones de emergencia, hay que dictar las reglas de emergencia para lo cual en algunas materias se cuenta con los Decretos de Urgencia, pero en otras podría solicitarse al Congreso delegación de facultades legislativas.

Se han dictado algunas disposiciones interesantes para la emergencia sanitaria, como son los Decretos de Urgencia 012-2021 y 016-2021, dando facilidades para que el Sector Público haga las adquisiciones que fuesen requeridas, pero lamentablemente con olvido del sector privado, que está presto a colaborar, como ya lo viene haciendo en otros aspectos vinculados a la pandemia.

No entendemos el motivo por el cual no se dictan disposiciones dirigidas a facilitar al sector privado la adquisición del oxígeno medicinal, de plantas para su fabricación e incluso equipos para respiración asistida y concentradores del mismo.

Seguimos con registros y autorizaciones francamente inverosímiles, con trámites engorrosos en DIGEMID, cuando bien podrían todos ellos eliminarse, cuando las importaciones se hacen de países con severas regulaciones en cuanto altos estándares de calidad de los productos farmacéuticos, así como de los equipos médicos y complementarios. Todo esto bien podría ser permanente ya que hay que afrontar enfermedades, epidemias y pandemias, que no pueden esperar para enfrentarlas, a la burocracia insensible y falta de iniciativa.

Se podría incluso, por ser competencia gubernamental, eliminar para todo ello los aranceles aduaneros en caso de estar afectos y, el régimen de percepciones del IGV en la importación de tales bienes. Reconocemos que algo se hizo con el denominado “Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura”, pero insuficiente y demasiado cauto. También se podría crear una vía rápida de una sola autorización global en cada oportunidad.

Como vemos no solo el COVID 19 impide respirar, sino también la indolencia burocrática.

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