Interponen quejas de «grave inconducta» contra jueza que admitió amparo de Salaverry

Quejantes exigen investigación a jueza por presuntamente haber infringido el artículo 46 de la Ley de la Carrera Judicial en sus incisos 2 y 13

Dos quejas han sido presentadas ante la Oficina de Control de la Magistratura contra la jueza Tatiana Pedemonte del Río, del 9no Juzgado Civil de Trujillo, por haber admitido a trámite la acción de amparo del presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

El primer quejante, Enrique León Clement, expone en sus argumentos que al haber admitido el recurso de Salaverry Villa con una extraña «celeridad», incurre en un trato discriminatorio contra otros casos que no han sido revisados todavía y que son anteriores al del titular del Congreso.

«Solicito se admita la presente queja disponiéndose la realización de una investigación preliminar a fin de establecer la existencia de la irregularidad denunciada por parte de la funcionaria quejada», dice el documento.

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Además, señala que «ha quedado demostrado claramente las faltas muy graves que se habrían configurado que denota indubitablemente un trato discriminatorio y desigual que deberá sancionarse con todo rigor».

La segunda queja la interponen los ciudadanos María Soledad Reyna de Alcázar y Oswaldo Arnaldo Aniceto Aponte y piden una investigación por la supuesta «existencia de la irregularidad denunciada por parte del funcionario quejado».

Los quejantes consideran que la magistrada incurrió en faltas leves y graves, por haber vulnerado el artículo 46 de la Ley de la Carrera Judicial en sus incisos 2 y 13, que refieren a causar perjuicio de diligencias en proceso, sea frustrando o retrasando injustificadamente la realización de otros actos procesales.

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Mientras lo que dure la investigación, los quejantes solicitaron la inhibición de la juez en la resolución del amparo presentado por Salaverry Villa.

Como se recuerda, Salaverry recurrió a un juzgado en Trujillo para presentar un amparo que evite que la comisión de ética del Congreso pueda recomendar su suspensión por 120 días. Este grupo de trabajo determinó que el legislador mintió en sus informes de semana de representación.

 

 

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