Jaime Villanueva: Patricia Benavides no actuó contra Rafael Vela | También aclaró pedido de congresista Martha Moyano

En nuevo testimonio ante Fiscalía (con presencia de abogados de suspendida fiscal de la Nación), colaborador eficaz precisa que esta no cometió ilícito con coordinador de Equipo Lava Jato.


“El tiempo es el mejor aliado de la verdad”, es una enseñanza milenaria, que parece aplicarse a lo que se había referido el colaborador eficaz Jaime Villanueva.

No solo ha dado indicios de la penetración de una ONG financiada desde el extranjero en el Ministerio Público, sino que ahora empieza a desmentir la tergiversación que esta y sus satélites habían dado a sus palabras.

“Basémonos en que el señor Villanueva ha dicho que la doctora (Patricia) Benavides no tiene ninguna injerencia en la suspensión del señor Rafael Vela”, afirmó Juan Peña, abogado de la suspendida fiscal de la Nación.

No hizo caso a Moyano

Entre testimonios ante el Equipo Especial de Marita Barreto, y la Fiscalía Suprema que dirige Delia Espinoza, hasta el momento, el “Filósofo” ha acumulado ocho.

En el más reciente –según dijo Peña a RPP–, se detalló que el pedido de la congresista Martha Moyano para sacar a Vela y a José Pérez no había sido a cambio de algún favor, sino simplemente una expresión que ya era pública.

“Sí le comunicó, pero la doctora Benavides siempre cuidó de mantener a Rafael Vela y a José Domingo Pérez; a Rafael Vela porque era un amigo y además porque estaba haciendo un buen trabajo y siempre lo mantuvo en el cargo. Es una primicia que les estoy dando hoy día que no conocen porque está dentro de una declaración que yo he participado (…) la doctora Benavides nunca decidió sacar al señor Rafael Vela”, manifestó el litigante.

Fracasa maniobra caviar

Esto contradiría las primeras versiones filtradas desde el Equipo Especial de Marita Barreto, así como asumidas como ciertas por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien ordenó allanar a los asesores Villenueva, Abel Hurtado y Miguel Girao.

“Lo que dicen Moyano y Villanueva es que sí hubo una conversación entre ellos de que sacaran a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, se le ha preguntado a Villanueva respecto a ello. Él ha dicho que la doctora Benavides nunca tuvo un acto siquiera para poder retirar al señor Rafael Vela, por más que haya habido el pedido o no”, agregó Peña.

Una de las primeras medidas dadas por el interino fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, fue nombrar a Fany Quispe Farfán, la que capitalizó el tema de los “cuellos blancos”, como Fiscal Adjunta Suprema Provisional, designándola nada menos que en el Despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La noticia, que vino con la resolución fiscal Nº 3694-2023-MP-FN, del 31 de diciembre de 2023, causó resquemores, no obstante que del despacho de la Dra. Delia Espinoza, fiscal Suprema Titular de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, salió el pedido de crear una plaza de Fiscal Adjunto Supremo, para el Despacho Supremo a su cargo, que recaería en Quispe.

Tanto que el artículo sexto de la citada resolución fiscal ordenó “Nombrar a la abogada Fany Soledad Quispe Farfán, como Fiscal Adjunta Suprema Provisional, designándola en el Despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, con retención de su cargo de carrera”.

Resquemores

La norma causó resquemores. Como quiera que las investigaciones del caso Benavides se estaban desbordando a raíz de las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva, sobre todo entre el 24 y el 30 de enero, con la carpeta fiscal N° 1228-2023, el Ministerio Público se había tomado el trabajo de convertir la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo en Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Es consecuencia también se dispuso adecuar las designaciones de los fiscales que integraban la citada Fiscalía convertida, así como de las plazas trasladadas a la misma.

Para que caminen las investigaciones preliminares para aforados (autoridades con derecho a inmunidad) y no aforados, y ante la posibilidad de entregar este tipo de responsabilidad a una fiscal no habilitada y sin competencia, es que el mismo fiscal Villena se vio obligado a ajustar la resolución del 31 de diciembre de 2023 por otra, la Resolución de la Fiscalía de la Nación 024-2024-MP-FN, de fecha 5 de enero de 2024.

Esta nueva norma precisa la competencia de Delia Espinoza con una adición de funciones en los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y otros que correspondan a la investigación seguida en la citada carpeta N° 1228-2023.

De forma que Espinoza se encargaría de la investigación preliminar y preparatoria, incluido las etapas intermedia y juicio oral atribuidos a funcionarios públicos y magistrados de todos los niveles en el sistema de justicia.

“Disponer que la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, en adición a sus funciones, conocerá los casos de elevación de actuados prevista en los incisos 5 y 6 del artículo 334 del Código Procesal Penal, y los casos de forzamiento de la acusación previsto en el 346º, inciso 1 del Código Procesal Penal, que se generen en la carpeta Nº 1228-2023 y los casos conexos a ella”, señala la norma.

De esta forma es que se va delimitando la cancha para el inicio de las investigaciones no solo a Patricia Benavides, sino al ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.

La congresista Ruth Luque, de la bancada izquierdista de Juntos por el Perú, es la más caracterizada con fuero político, que será investigada como presunta instigadora de tráfico de influencias agravada.

La izquierda y sus voceros mediáticos han reclamado el hecho de que la Fiscalía no haya incorporado en la lista de investigados a las legisladoras Martha Moyano (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País), de quienes se afirma que fueron nexos con la entonces fiscal Benavides o con su asesor, Jaime Villanueva, tanto para la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, el nombramiento de Josué Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo y las eventuales coordinaciones para inhabilitar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Delitos de Gorriti

En cambio, desde la vertiente democrática hay unanimidad en reclamarle a la Fiscalía de la Nación que no estén en la lista de investigados los dos principales actores de esta crisis político judicial, el llamado “titiritero” de la Fiscalía, Gustavo Gorriti, y el fiscal del caso Lava Jato y especialmente del caso Cócteles, que investiga a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, José Domingo Pérez.

Aunque el Dr. Juan Carlos Villena ha dicho que los no aforados, como Pérez, serán derivados a otros depachos fiscales. No olvidemos que en este diario el prestigiado jurista Carlos Caro ha afirmado que “Gustavo Gorriti debe ser investigado por tres delitos: tráfico de influencias, usurpación de funciones y colusión”.


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