JNE y ONPE en pie de guerra contra Congreso: en comunicado dicen que autonomía está en riesgo
A través de un pronunciamiento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), expresaron su rechazo a un dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que preside Martha Moyano, de Fuerza Popular.
El dictamen del Proyecto de Ley 6816-72023-CR, que fue aprobado en mayoría por la Comisión de Constitución, propone que el futuro Senado sea el encargado de la designación y remoción de los titulares de la ONPE y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
En el mencionado dictamen se propone también la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que actualmente es la responsable del nombramiento de jueces y fiscales en todas las regiones del país y que sería reemplazada por la Escuela Nacional de la Magistratura.
JNE y ONPE rechazan que la designación de jueces y fiscales será por una “valoración política”
En el extenso pronunciamiento, el JNE y la ONPE expresaron su “profundo desacuerdo” en que sea un órgano político como el Senado el que designe y remueva a las autoridades electorales, que se realizará “sobre la base de una valoración política y no de carácter técnico y de idoneidad para el cargo”.
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“Con ello el poder político tendría una gravitante intervención en la organización de las elecciones y supervisaría procedimientos que se encuentran relacionados a sus intereses partidarios, configurándose una clara vulneración a la independencia y autonomía institucional de los organismos electorales”.
Elecciones limpias y transparentes
El JNE y la ONPE afirmaron que el marco normativo actual “ha garantizado la neutralidad e independencia de los organismos electorales del poder político, lo que ha permitido efectuar elecciones limpias, transparentes que reflejaron la voluntad popular”.
Señalaron que cualquier intento de captar los organismos técnicos “por parte de los poderes políticos” afecta “transversalmente la democracia representativa y la institucionalidad democrática, lo que resulta contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y (…) puede tener un impacto sumamente negativo para el estado de derecho”.
El JNE y la ONPE finalizaron su pronunciamiento expresaron su preocupación por “las recurrentes propuestas legislativas que pretenden menoscabar la autonomía e independencia del sistema democrático”, especialmente en este momento, que los esfuerzos deben estar orientados a “recuperar la estabilidad política e institucionalidad”.
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