JNJ blindó a juez clave en casos JNE y Defensoría

Se descubrió el vínculo de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia con sectores políticos que debilitaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Defensoría del Pueblo, por medio de jueces que resolvían a favor de sus intereses.

Una demanda de amparo ha unido a Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, con el polémico juez John Paredes Salas.

Paredes se hizo conocido cuando, en 2020, anuló el proceso del Colegio de Abogados de Lima para elegir a su representante en el JNE. Esto se produjo en forma cautelar, pero mantuvo esta situación durante casi dos años.

Empoderó a Salas Arenas

En ese periodo, el máximo organismo electoral solo funcionó con cuatro de los cinco integrantes de ordena la Constitución Política. De esa manera, Jorge Salas Arenas podía tener doble voto si había empate en votos. Fue así que se negaron a cotejar actas de mesas con las listas de votantes, cuando Pedro Castillo y Keiko Fujimori disputaron la segunda vuelta presidencial.

Desde el Tercer Juzgado Constitucional de Lima también se dictaron cautelares contra el Congreso de la República. En marzo de este año, el Tribunal Constitucional resolvió que esto no era viable en casos de instituciones, ya que los derechos fundamentales corresponden a personas particulares.

Resulta que el 4 de abril de este año, el juez Jonathan Valencia López había admitido la acción contra los miembros de la JNJ y el mencionado Paredes. El ciudadano Giancarlo Buzaglo Velando había denuncia un aparente acto de corrupción del polémico magistrado.

Nulidad de resolución

“Retardo, aparente cobro de coimas, y falta administrativas de tipo muy graves”, se leía en el Expediente 948-2022-JNJ. El documento estaba pendiente de resolverse mientras se ejecutaba la Convocatoria 005-2021-SN/JNJ.

El demandante señala que, en la audiencia de entrevista a Paredes, del 5 de octubre de 2022, esto no se mencionó. Sin embargo, el 14 de noviembre se emitió laResolución 1242-2022-JNJ, con la cual el juez logró su nombramiento.

“En tal sentido, los miembros de la Junta Nacional de Justicia aquí demandados han omitido analizar y pronunciarse sobre dicha denuncia, y han encubierto para nombrarlo, pues es a fin a interés ideológicos. Nuestra denuncia no fue evaluada en el procedimiento de nombramiento (…) a fin de nombrarlo y encubrir su inconducta funcional”, se indica.

Debido a esta situación, se solicita que, en defensa del derecho a ser escuchado por un tribunal (administrativo, penal, político o de otra índole), se declare nula la Resolución N° 1242-2022-JNJ, en el extremo que nombra a Paredes como juez especializado en lo constitucional de Lima.

Gracias a estas acciones de la ahora cuestionada Junta de Justicia, se mantuvo en el cargo a quien había saboteado el funcionamiento del JNJ. Además, el denunciado siguió ejerciendo su autoridad, y así impidió durante meses que el Congreso reemplace a Eliana Revollar, defensora adjunta del Pueblo. Solo cuando el TC resolvió que estas demandas eran improcedentes, emitió una decisión final.

Sin embargo, esta jurisprudencia parece letra muerta para Fidel Torres Tasso, otro juez constitucional, para variar. Desde el noveno juzgado de Lima, admitió a trámite un habeas corpus a favor de los miembros de la JNJ y en contra del Congreso que ha iniciado una investigación.

Por César Rojas y Harold Salinas

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