JNJ: Chirinos presenta denuncia constitucional contra miembros de organismo

Solicita su destitución e inhabilitación por un período de 10 años para cualquier función pública.


La congresista Patricia Chirinos, representante del partido Avanza País, presentó una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La parlamentaria acusa a los integrantes de este organismo de cometer los delitos de patrocinio ilegal, aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional, y solicita su destitución e inhabilitación por un período de 10 años para cualquier función pública.

Chirinos expresó su preocupación por lo que considera una “grosera y desesperada intromisión de la JNJ en las decisiones del Congreso para salvar a su fiscal favorita, Zoraida Ávalos”. Según la parlamentaria, esto constituye un delito que no puede pasar desapercibido.

A través de su cuenta de Twitter, Chirinos hizo pública su denuncia constitucional y destacó los motivos que la respaldan: “Son patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo, además de una clara vulneración a nuestra Constitución. Por ello he presentado la denuncia constitucional contra todos los miembros de la JNJ, solicitando su destitución e inhabilitación por 10 años de toda función pública”.

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Es importante señalar que la JNJ es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente que debe regirse por la Constitución, su ley orgánica y las demás leyes aplicables. Sin embargo, en esta ocasión, el organismo solicitó al Congreso, uno de los poderes del Estado igualmente independiente, reconsiderar la acusación contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El pleno del Congreso tiene programada una sesión para el jueves 25 de mayo a las 15:00 horas, en la cual se debatirá y votará el informe final sobre las denuncias constitucionales 209 y 231 (acumuladas) presentadas contra la extitular del Ministerio Público.

El documento presentado recomienda acusar a Ávalos por una presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución, y solicita su inhabilitación por un período de cinco años, de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución, para ejercer cualquier función pública. Además, se le acusa por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

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