Juan José Santiváñez niega audios sobre fuga de Vladimir Cerrón y anuncia acciones legales contra medios
Ministro del Interior se defiende de acusaciones.
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El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que tomará acciones legales contra los medios de comunicación que vinculen su imagen con los controvertidos audios presuntamente grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra'.
En los audios, que fueron difundidos recientemente, Santiváñez habría admitido que el vehículo presidencial habría sido utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre.
Santiváñez, en declaraciones recientes, fue enfático al negar cualquier relación con los audios. "He negado todos los audios y eso está a disposición de mi abogado. No me voy a referir sobre ese tema porque está sujeto a una investigación a nivel fiscal", afirmó.
Además, señaló que ya delegó la responsabilidad de vocería en su abogado, quien será el encargado de manejar este delicado asunto legal.
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El ministro añadió que está dispuesto a defender su imagen, manifestando: "Tomaré acciones legales contra los medios de comunicación que han relacionado mi imagen con los audios. Es fácil sospechar, pero no es justo que utilicen mi imagen sin fundamento".
Como es público, los audios en cuestión fueron grabados por Izquierdo Yarlequé en un restaurante del distrito de San Borja en mayo del presente año, según el programa periodístico Cuarto Poder.
En ellos, Santiváñez supuestamente habría calificado al vehículo presidencial como "el escondite perfecto" para alguien que busca evadir la justicia, insinuando que este podría moverse libremente por el país sin ser detenido por la Policía Nacional del Perú.
Vale precisar que el vehículo en cuestión, utilizado por la presidenta Dina Boluarte, fue detectado a finales de febrero de 2024 en la Panamericana Sur, cerca del condominio Mikonos, en una zona donde, un mes antes, se había intentado capturar a Cerrón.
Este episodio causó una serie de especulaciones y cuestionamientos sobre el posible uso indebido de recursos estatales en favor de un prófugo de la justicia.
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