CON TAL DE GANAR POPULARIDAD, AFIRMA CARLOS CHIPOCO

Jueces envían inocentes al infierno de la cárcel

Fiscal José Domingo Pérez acusa a los inculpados de recibir dinero de Odebrecht pero no procesa a los consorciados que le sustrajeron al Estado miles de millones de dólares, advierte.

  • Fecha Viernes 14 de Diciembre del 2018
  • Fecha 9:28 am



La actuación de la Fiscalía, respecto de los casos de Keiko Fujimori, Alan García y otros, es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos porque manda al infierno de la cárcel “provisional”  por tres años a la primera, y restringe los derechos del líder aprista al limitar su derecho de libertad personal al impedirle salir del país.

“No soy partidario de ninguno de ellos. Es más, fui el abogado que denunció ante la Corte IDH los dos casos de Penales de El Frontón y les gané en la sentencia Neyra Alegría en dicha Corte y ahí está mi nombre”, dijo el jurista y analista político Carlos Chipoco a EXPRESO.

Además, “Fujimori me puso en una lista de terroristas en el extranjero, cuando trabajaba en Naciones Unidas y era el redactor del Informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador. Producto de esa denuncia no puede ver a mis hijas por un buen tiempo”, dijo.

“Pero así como defendí los derechos humanos durante esos gobiernos y fui perseguido, mi conciencia me obliga a defender los derechos humanos hoy. Todos tienen esos derechos, por eso hoy afirmo que el fiscal encargado de los casos [José Domingo Pérez] ha cometido diversas violaciones a los derechos humanos”, agregó.

Dicho magistrado “primero ha realizado una grave violación al derecho a la no discriminación. Acusa a los inculpados de recibir dinero de Odebrecht y sus consorciados. Pero no procesa a los consorciados que le sustrajeron al Estado miles de millones de dólares con licitaciones amarradas o con sobreprecios a través de adendas y  arbitrajes”, señaló Chipoco.

“¿A qué se debe esa discriminación de empezar por los políticos y dejar sueltos en plaza a los constructores? Pues sencillamente a que da más popularidad procesar a una persona pública y que ha tenido un alto cargo político. Pero eso es discriminar y la Convención Americana prohíbe la discriminación de cualquier tipo”, agregó.

De otra parte, en cuanto a otros derechos violados está, dijo, el derecho a la presunción de la inocencia, uno de los más importantes desde la Revolución Francesa.

“Este derecho establece que solo puede ser considerado culpable un ciudadano luego de su condena. No antes. Por eso la Corte Interamericana ha establecido que la detención provisional es excepcional. En el derecho constitucional se llama ‘estado de excepción individual’”, según el experto.

Esta figura jurídica, aduce Chipoco Cáceda, tiene que ser proporcional a las evidencias como cuando la intención de obstruir la justicia o fugar está inequívocamente probada.

“Pero en el Perú se puede detener provisionalmente hasta tres años, lo que en realidad es una precondena. Si luego de tres años no hay condena, ¿quién le devuelve esos años de vida a la persona?”, se interroga.

“La Corte interamericana establece que siendo excepcional y protegiendo el derecho a la presunción de la inocencia, los plazos no pueden ser excesivos, como en el Perú. Acá el 70 % de los presos no tienen condena, lo que es un absurdo”.

Esto porque la cárcel en el país no solo implica privar al justiciable de la libertad, sino que es un lugar de tortura, el alimento es inapropiado, las amenazas de los presos llegan a la violación, no hay agua, no hay colchones, no hay posibilidades reales de rehabilitación. Es un infierno. Y los jueces envían a inocentes a ese infierno, más si los hará populares.

Con relación al caso de Keiko Fujimori, no obstante que es obligatorio que la detención provisional debe ser excepcional, “la enviaron a 36  meses de detención a todos los inculpados”.

“¿Nos van a hacer creer que todos tenían la misma posibilidad de fugar o entorpecer gravemente el proceso? La arbitrariedad es tan grande que un venezolano que degolló a su conviviente, le cortó la yugular delante de sus hijos, recibe nueve meses de detención provisional y Keiko 36. ¿Cuál es la proporcionalidad? Las detenciones provisionales que algunos fiscales aplican son un juego de azar”, reitera.

NO EXISTE

El juez Richard Concepción Carhuancho no ha explicado jurídicamente que recibir donaciones para campañas –no para dar ventajas al donante– sea un delito y no una falta administrativa. “Y es que no existe el delito de financiación política de elecciones”, afirma Carlos Chipoco Cáceda.

Los partidos no son organizaciones criminales

Un hecho que revela ignorancia sobre la historia y la política es la afirmación de que los partidos son organizaciones criminales. “¿Acaso el fiscal cree que Haya de la Torre en los inicios del siglo XX creó un partido para robar? ¿No recuerda que ganaba un sol como presidente de la Asamblea Constituyente?”

“¿O para cerrar ese flanco detienen a todos los fundadores y la dirección de Fuerza Popular, sosteniendo que son un grupo en el partido? El fiscal debería saber desde la universidad que los partidos políticos se fundan para ganar elecciones y aplicar sus programas y es una ofensa grave a todos los políticos decir que sus partidos son bandas criminales”, criticó.

El jurista señala que hay una conducta reiterada y discriminatoria de perseguir a los políticos porque “es algo popular, lo que es discriminatorio porque además marca un patrón de conducta que viola la presunción de inocencia y otros derechos humanos”.

CASO ALAN GARCÍA

Para Chipoco, otro caso grave es el del expresidente Alan García porque la prohibición de salida del país es también un limitación a la libertad personal que también debe ser excepcional, según el jurista, esto porque el derecho a la libertad no solo está consagrado en la Constitución sino también en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

“Le tendieron una trampa. No creo que sea casual que el mismo día que lo citan para su declaración, no un día antes ni un día después, se hace pública una declaración no confirmada por ninguna autoridad judicial, de un abogado de Brasil que dice que Odebrecht le encargó pagarle una suma de 100,000 dólares”, sostiene.

TC LE ENMENDÓ LA PLANA

En el caso de la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala, que muchos aplaudieron, el Tribunal Constitucional le corrigió la plana al juez Richard Concepción Carhuancho: “(…) una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que, mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general”.

Y este juez, agrega Chipoco, “burlándose del más alto tribunal del Perú, volvió a hacer exactamente lo mismo”.

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