Jurisconsultos emiten declaración para la Asamblea General de la OEA

También se pronunciaron ex cancilleres y personalidades de nuestra política.

Por C. Alfredo Vignolo G. del V.

Un grupo de jurisconsultos, ex cancilleres y personalidades de nuestra política emitieron una declaración conjunta donde señalan que la reunión en Lima de la 52 Asamblea General de la OEA «constituye una oportunidad para que las delegaciones asistentes se pronuncien sobre los temas siguientes».

Señalan en primer lugar el grave deterioro de los derechos humanos en la región, especialmente en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Los informes de Naciones Unidas, la Unión Europea y de la propia OEA registran centenares de casos de ciudadanos asesinados, encarcelados ilegalmente, sometidos a torturas y perseguidos en razón de sus ideas, la clausura de medios de comunicación social y otros hechos extremadamente graves como el allanamiento a templos y la detención de sacerdotes.

Si bien esos regímenes hoy no forman parte del sistema interamericano, ello no es óbice para que la OEA no condene firmemente esos hechos, algunos de los cuales son considerados crímenes de lesa humanidad.

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Carta Interamericana Democrática

En segundo lugar, afirman que Reformar la Carta Interamericana Democrática (CID) que, a dos décadas de su aprobación, no ha podido aplicar sanciones eficaces a gobiernos que afectan el sistema democrático y atentan contra los derechos humanos.

Es necesario, en consecuencia, reducir el número de votos para viabilizar las sanciones previstas en la CID y permitir la activación de la carta a pedido de los parlamentos y no sólo del Poder Ejecutivo.

En tercer lugar, sostienen que reformar las normas existentes de la OEA, de tal manera que las visitas de la Comisión de Derechos Humanos a cualquier país miembro, así como la observación electoral, no demanden la autorización previa de los gobiernos y que este trabajo se realice de manera independiente, sin interferencia del secretario general.

Excarcelación

Afirman que es conveniente establecer el principio que resulta incompatible con la democracia que un gobernante electo por un periodo de tiempo, extienda su mandato a través de modificaciones a la carta fundamental.

Así mismo demandan la excarcelación de la ex presidente de Bolivia, Jeanina Áñez, sentenciada a diez años de prisión, violentando las leyes de ese país.

Finalmente denuncian que el presidente Castillo difunde en el exterior la falsa versión que existe el riesgo de un golpe de estado. Su propósito es victimizarse y lograr respaldo de la comunidad internacional ante los severos cuestionamientos de la Fiscalía de la Nación, de la prensa independiente y del Congreso de la República.

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