Katherine Ampuero: “Odebrecht ha ocultado dolosamente información en el acuerdo”
La revelación periodística acerca de que la corrupta constructora brasileña Odebrecht inyectó más de 3 millones de dólares en sobornos durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala a cambio del proyecto del Gasoducto del Sur asesta un fuerte golpe a la legitimidad del polémico acuerdo de colaboración eficaz suscrito por el equipo especial Lava Jato, en donde la compañía trasnacional solo reconoce responsabilidad penal en cuatro obras: tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, Línea 1 del Metro de Lima, Costa Verde Callao y Vía Evitamiento de Cusco.
Sucede que, de acuerdo a archivos de la División de Operaciones Estructuradas (o ‘Caja 2’) de la firma carioca, ocultos en el sistema Drousys, se registran 19 pagos a diferentes ‘codinomes’ por una suma de más de 3 millones 200 mil dólares relacionados al Gasoducto, el cual fuera adjudicado al consorcio conformado por Odebrecht Latinvest y Enagás por más de 7 mil millones de dólares.
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Katherine Ampuero, exprocuradora ad hoc del Caso Lava Jato, fustigó que la constructora en cuestión haya “ocultado [en el convenio] dolosamente información de acuerdo a su conveniencia económica”.
Si bien para la abogada era necesario firmar un pacto con la empresa de las coimas, resaltó que “voy a continuar cuestionando que se haya otorgado demasiados beneficios (como la posibilidad de seguir contratando con el Estado y el no embargo de sus activos) a la empresa corrupta por información de solo cuatro obras”.
Pero no todo es color de hormiga. Ampuero sostiene que esta nueva información pone a la defensa del Estado peruano “en una mejor posición” frente a los arbitrajes internacionales que afrontamos por retirarle el Gasoducto del Sur al consorcio de Odebrecht Latinvest y Enagás, en cumplimiento, vale subrayar, con la cláusula corrupción y al no contar esta asociación con respaldo financiero para la ejecución de la millonaria obra.
Recordemos que la española Enagás presentó una demanda contra el Estado peruano ante al Ciadi por 500 millones de dólares; mientras que la brasileña Odebrecht alista activar una similar imputación.
A modo de reflexión final, Katherine Ampuero reiteró que, tomando en cuenta que Odebrecht viene siendo selectivo de acuerdo a sus intereses económicos, “las investigaciones fiscales no debieron basarse única y exclusivamente en lo que dijera o dejara de decir Jorge Barata”.
POR AARON SALOMÓN.
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