La conspiración contra la fiscal de la Nación

La acusan de serias irregularidades en su entorno funcional para generar un clima de desprestigio y descrédito en su contra.

Por Luis Lamas Puccio

Me refiero a aquellas diligencias que de una u otra manera, en forma directa o indirecta, abierta o encubierta, soterrada o pública, bajo distintos y controvertidos argumentos o parámetros, intentan por todos los medios desprestigiar o desmerecer la labor que lleva a cabo la fiscal de la Nación, buscando como indisponerla y hostigarla, e incluso acusándola de serias irregularidades en su entorno funcional como fiscal y defensora de la legalidad, para generar un clima de desprestigio y descrédito en su contra, en el entendido que de esa manera desestabilizan el ejercicio de una labor funcional que resulta vital para la estabilidad jurídica del país, la salvaguarda del Estado de derecho, y en última instancia para la misma democracia que nos representa a todos.

Se trata de la incomodidad, inestabilidad y disgusto que genera la citada funcionaria en el desarrollo de su función de fiscalización al haber iniciado investigaciones en materia de responsabilidad penal contra el Presidente, sus familiares y algunos de los funcionarios que lo secundan por los delitos de corrupción y crimen organizado, que ponen en tela de juicio la misma idoneidad para gobernar el país.

Hablamos de varias indagaciones de contenido penal al más alto nivel de la labor pública y del Estado, que de continuar desarrollando en los términos materiales y políticos como se llevan a cabo, hacen inviable que el actual gobierno en condiciones de transparencia y eficiencia pueda seguir llevando las riendas del país.

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No estamos en contra de los derechos que le asiste a los ciudadanos de emitir libremente sus opiniones y críticas, con las limitaciones y restricciones que establece la ley, sobre cualquier persona con mayor es razones cuando se trata de un funcionario público de alta jerarquía, en aras de consolidar la transparencia y el correcto desempeño de una labor tan importante.

El problema no es la libertad de expresión o el libertinaje informativo, porque en un sistema democrático siempre impera la libertad para emitir todas las opiniones posibles, con mayor razón si se trata de la transparencia en el ejercicio del cargo público y el respeto por la ley. Sin embargo en el presente caso, hablamos de la salvaguarda de una labor que en última instancia no solo compete a la seguridad jurídica o política de un gobierno determinado, sino de un tema que es competencia de todos y cada uno de los peruanos que son los que en última instancia sufren las mayores desavenencias.

Me refiero a los medios poco idóneos que se pueden poner en práctica para tratar de impedir que las investigaciones que realiza el Ministerio Público, y en las que existen graves indicios y pruebas en materia de responsabilidad individual, puedan continuar llevándose a cabo por los cánones de la legalidad y normalidad en los términos y las condiciones como lo establecen las leyes procesales de la materia, que son de obligatorio cumplimiento.

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