La corrupción predilecta en el país | Análisis
No existe algún medio eficaz que haga factible que los corruptos resarzan los grandes perjuicios económicos ocasionados.
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Hago referencia una vez más que la gran corrupción es un gran negocio en nuestro medio –entre otras razones- porque hasta la fecha no existe algún medio idóneo y eficaz que pueda hacer factible que los corruptos resarzan o remedien a la sociedad de los graves perjuicios morales y económicos que suscitaron.
En el presente caso, hablo del pago de las reparaciones civiles millonarias por los delitos de corrupción que cometieron, cuyo tratamiento y correspondiente análisis por lo general pasa desapercibido para la gran mayoría de ciudadanos, como si fuera un problema de tercer nivel o ínfimo orden, porque son irrisorios los montos que se establecen en comparación a la magnitud de los daños generados, o simplemente porque su cancelación oportuna, rápida e inmediata se desvanece con el paso del tiempo siempre para terminar en el olvido comunitario, un componente que siempre caracteriza la denominada lucha contra la corrupción.
Manifiesto de manera reiterativa que la gran corrupción es en nuestro medio un lucrativo negocio por donde se quiera mirar, porque impera la impresión como lo señalan algunos medios de comunicación que es el mismo Estado, a través de sus entidades pertinentes, el que es indiferente y siempre dilata los juicios por corrupción y el pago del correspondiente resarcimiento económico.
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La cancelación de las indemnizaciones por los agravios suscitados a la sociedad en los casos de la gran corrupción, se convierte en una utopía, o mejor dicho en un maquiavélico e hipócrita juego de palabras y promesas incumplidas sobre todo por parte de los mismos involucrados en estos temas.
Las deudas impagas a la sociedad por parte de los mismos corruptos y los que los secundan, o no se pagan, no se cancelan, o no existe un interés serio y responsable por cobrarlas y hacerlas efectivas hasta las últimas consecuencias.
No hablamos de cualquier daño moral y económico a la nación, sino de un particular desmedro moral e incluso de contenido histórico, que al ser evaluado en su conjunto o totalidad, sumando todos los montos de los casos de corrupción desde la época de la independencia hasta la fecha, de haberse impedido que se realizaran o por lo menos resarcido como correspondía, nuestro país no padecería las calamidades que padece, resultado del robo sistemático de los recursos del Estado.
Descomposición sistemática
Tomo como referencia solo lo acontecido durante el año 2022, en el que según fuentes oficiales la corrupción sistemática ocasionó al país un perjuicio económico estimado de S/ 24 419 millones, de los cuales, por nivel de gobierno, el 56% (S/ 13 721 millones) fue ocasionado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguido por el gobierno nacional con el 44% (S/ 10 696 millones) de acuerdo al resultado sobre la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional, elaborado solo para este año por parte del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República.
Lo revelado representa un nivel de incidencia del 13.4% del presupuesto devengado del año mencionado, a nivel nacional. Se trata de sumas millonarias que de acuerdo a lo manifestado hasta la fecha no han sido resarcidas, a pesar de los graves perjuicios económicos que se generaron no solo respecto a los mismos delitos que se cometieron, sino en general, a todo el país que observa absorto como se roban o dilapidan los recursos del Estado, ante la indiferencia de autoridades y la complicidad de otras que se hacen de la vista gorda.
Imaginemos cual podría haber sido el destino del país, si sumamos el desmedro económico que la nación ha sufrido a lo largo de los más de doscientos años de democracia e historia republicana.
Montos hilarantes
Señalo que los montos que se establecen para el pago de reparaciones civiles por delitos de gran corrupción en nuestro medio, a pesar de su gravedad y trascendencia, son en realidad risibles y hasta hilarantes no solo porque son diminutos e insignificantes en comparación con la magnitud del daño económico y social ocasionado, sino porque además nuestras instituciones amparadas muchas veces por una legislación benevolente y más que complaciente, otorga tales facilidades a los corruptos que en realidad se convierten en una ominosa burla para la moral pública, el erario nacional y el nivel cognoscitivo de la población.
Hablamos de facilidades para que los corruptos paguen su deudas con la sociedad y el Estado, paguen las deudas de acuerdo a sus conveniencias y beneficios incluso para que sigan participando en la vida económica del país, incluso como una forma soterrada de encubrimiento y manipulación de denominaciones y testaferros.
Se les otorga a los mismos corruptos tales facilidades que deberían ser inaceptables que son una burla grotesca frente a la gravedad de los delitos suscitados y la forma como se procedió.
Negocio sin pérdida
Refiero que en nuestro medio la gran corrupción es un excelente negocio por demás rentable desde todo punto de vista, no solo porque todos o casi todos los corruptos más importantes que generaron daños mayores se encuentren libres disfrutando de sus ganancias en total libertad, sino porque sus verdaderos bienes, activos y patrimonio se encuentran librados de cualquier atadura legal que lo impida hacerlo.
Leyes promulgadas por los mismos gobernantes involucrados en corrupción, ante la complicidad de otros poderes y entidades del Estado, permitieron que los activos de las empresas con las que cometieron los delitos fueran transferidos a terceros, para así evitar que fueran incautados o decomisados por el Estado peruano.
El mismo Estado adrede atado de manos para poder accionar contra la corrupción, o porque no pudieron incautar o decomisar los patrimonios de los mismos corruptos, porque los transfirieron a terceros de manera intencionada y en forma anticipada, y porque hábilmente siempre se encontraron inscritos adrede a nombres de terceros o sujetos figurativos o simulados, siempre como parte de una hábil estrategia legal y política dirigida a mantener al margen las ganancias patrimoniales producidas por la corrupción como el núcleo del gran negocio que implica la gran corrupción en nuestro medio.
Corrupción privilegiada
Se trata de una corrupción privilegiada, gris y maquillada no solo porque se trata de delincuentes que disfrutan a sus anchas de toda una serie de prerrogativas que resultan un escandaloso privilegio, sino porque es el mismo marco legal como la máxima expresión de la legalidad el que posibilita no solo que se libre de responsabilidad penal a través de la delación y otros procedimientos, sino porque los mismos órganos de fiscalización aparecen impedidos de poder hacerlo como se supone que lo dispone y manda la ley.
Hablo de un marco legal privilegiado incluso en algunos casos con nombre propio el que denota como se pudo haber coludido un Poder Ejecutivo de aquel entonces, un Parlamento que jugaba en pared para tales fines, e incluso un órgano constitucional que se hizo la vista gorda declarando infundada una demanda de inconstitucionalidad planteada sobre el particular.
Difícil, por no decir imposible, que en estos términos, por referirnos a un Estado débil y manoseado, pueda defenderse el patrimonio de todos los peruanos, si fueron los mismos gobernantes y los representantes los que abusando de sus prerrogativas asumieron posiciones funcionales particularmente cuestionables, coludidas y vergonzosas, que no tengo dudas pasarán a integrar la larga e interminable historia de la gran corrupción y la impunidad en el Perú.
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