La elección del defensor del Pueblo: mitos y realidades

Sin ánimo de discernir sobre las condiciones o exigencias personales que deben reunir todos aquellos candidatos que postulan o pretenden ser designados como defensor del Pueblo, resultado de la reciente elección del nuevo funcionario que debe desempeñar tan delicada labor en una nación llena de vicisitudes e incidencias, surgen una serie de interrogantes y entre dichos sobre la labor que corresponde desempeñar a la Defensoría del Pueblo.

Hablamos de una institución vital no solo para la democracia como sistema de gobierno, sino para el imperio del Estado de derecho que tanto reclamamos. A mi entender, el problema más relevante que confronta esta institución en los momentos actuales es la falta de solidez, credibilidad y respeto de sus decisiones, frente a los otros poderes del Estado que no necesariamente acatan lo que señala esta institución que es primordial para la sana y mutua convivencia.

Estado indolente

Hablamos de una clamorosa indiferencia, menosprecio, abulia, apatía y desidia en cuanto a las recomendaciones de una institución que es representativa de los derechos y reclamos que provienen de los ciudadanos. Un Estado muchas veces indolente y más preocupado en cómo zafarse de los embrollos en los que se encuentra inmerso, que solucionar los problemas inmediatos y cotidianos que sufre la población a razón del abuso estatal y del poder político.

A mi entender los agudos problemas y vicisitudes políticas y operativas por los que atraviesa esta institución respecto a su acatamiento, preeminencia y consideración, se deben en gran medida a la forma y manera poco decorosa, nada transparente y diáfana como se eligen en nuestro medio a la persona que debe ejercer el cargo de defensor del Pueblo. Como sabemos, nuestra Constitución Política establece que para ser elegido en tan distintivo cargo, se requiere la aprobación de los dos tercios de los congresistas en actividad, como el único medio que define y elige al candidato que debe ser elegido.

Poder legislativo

Se trata de un procedimiento bastante especial y sui géneris sobre selección, en el presente caso diseñado por el mismo Parlamento que como señalamos aparece como la única entidad que no solo puede elegir sino también remover al Defensor. Señalo que es un procedimiento exclusivo del Parlamento porque si bien aparenta ser transparente, equitativo, legal y decoroso en el que todos los candidatos se encuentran en igualdad de condiciones y derechos, como sabemos en su trasfondo y en su interior no resulta tan democrático como aparenta ser, en tanto que esconde oscuros intereses, objetivos soterrados y manipulaciones subalternas. Una cruda realidad que, en realidad, no se condice de ninguna manera con los principios que se preconizan y que tienen incluso rango constitucional.

Una maquinaria electoral diseñada en el plano administrativo parlamentario con un objetivo definido que se encuentra por encima de todo, el mismo que si bien es parte del mismo juego democrático que permite la ley, en la práctica se presta a todo tipo de manejo y tergiversaciones dependiendo de los intereses que se encuentren en juego y que es lo que se pretende alcanzar con el nombramiento de un determinado candidato como ganador.

Negociación soterrada

En rigor la elección del defensor de Pueblo como se desarrolla en nuestro fuero parlamentario no es otra que una negociación soterrada y subrepticia en la que entran en juego la negociación partidaria y política, dependiendo por supuesto de quienes se encuentran de por medio y de qué tan graves pueden ser los distintos problemas que confrontan, siempre en el entendido de que la actitud del candidato ganador puede plantear una posición que no necesariamente se condice con su función.

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Se trata de una elección simbólica, alegórica y figurativa porque de saque se descarta a aquellos candidatos que serán autónomos en sus decisiones. Nadie en su sano juicio pretenderá concursar a un cargo de esta naturaleza, si con bastante antemano y anticipación no ha logrado algún tipo de acercamiento a los grupos o los partidos políticos, que como sabemos son y serán los que en última instancia respaldarán la decisión final de elegir a un determinado candidato previamente seleccionado.

Por supuesto que el proceso de selección estará y aparecerá plagado de todo tipo de atributos y exigencias que como sabemos son solo figurativas. Hablamos de un procedimiento con carisma de legítimo que aunque en apariencia denota transparencia, equidad, entereza e imparcialidad, en realidad quienes los definen son los mismos parlamentarios que de acuerdo a sus conveniencias personales, políticas y partidarias, votarán o se abstendrán de votar por un determinado candidato que no se condice con los intereses de los partidos que representa.

Se señalará que es un procedimiento diáfano y congruente con todo lo que dispone la Constitución Política y la ley orgánica de la Defensoría, sin embargo el camino a recorrer hasta la decisión final de la elección por mayoría, aparecerá plagado y contaminado por todo tipo de contingencias, enrevesados y albures como para desanimar a los mejores candidatos frente a la magnitud de las contingencias e incidencias que tendrá que confrontar, entre las que destacarán todo tipo de denuncias, acusaciones, antecedentes y la constante presencia de los medios de comunicación que no dudarán en recurrir al escarnio y la difamación personal.

Extrañas renuncias

Las constantes renuncias de los candidatos a lo largo de todo este camino es una prueba evidente que hay muchas formas de desanimar a quienes no son parte de este juego maquiavélico, en el que en última instancia lo que menos primará es la idoneidad del candidato.

Sin embargo, el curso del presente análisis tiene un sentido mucho más grave e indecoroso: me refiero a la corrupción política en el ejercicio de la función pública y que tiene un fuerte corolario en la labor parlamentaria, y que como sabemos, es el fenómeno más importante y figurativo en nuestro medio y que marca el rumbo de los acontecimientos.

Si no cómo se explica que todos los exmandatarios de los últimos gobiernos se encuentren investigados o acusados de graves crímenes como la corrupción, lavado de activos y crimen organizado, financiamiento ilegal de campañas políticas, en los que incluso habrían utilizado los partidos políticos como entidades de fachada para lavar dinero y enriquecerse.

Hablamos de la corrupción plena en el ejercicio de la política y la labor parlamentaria como derrotero de la vida nacional. En un contexto de esta características, la selección del candidato que cumplirá la labor de defensor del Pueblo deja de ser una labor funcional y representativa, para pasar a convertirse en parte de un engranaje político que mirará más por los intereses partidarios que por los colectivos o sociales.

Estas son algunas de las razones que explican la verdadera crisis en la que se encuentra inmersa esta institución, que aunque en un primer momento fue diseñada para defender los derechos de los ciudadanos, fueron los mismos que nos gobernaron los que suscitaron que la Defensoría actual se encuentre tan venida a menos. Hablo de una entidad pública que ha dejado de ser defensora del pueblo para pasar a convertirse en una mera herramienta política.

Por Luis Lamas Puccio 

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